La seguridad ciudadana en toda Venezuela se ve amenazada por la “crítica situación” que se vive en los centros de detención preventiva de todo el país, en los que se impone el hacinamiento, el hambre, las enfermedades, la violencia y las fugas masivas.
Lejos de ser un espacio para la reeducación, tantos los centros de reclusión como los calabozos policiales, son hoy más que nunca “universidades del delito”.
Así lo asegura el coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, organización independiente dedicada a velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos de la población penal con 19 años de fundada.
A lo largo de una gira que ha llevado a cabo por ocho estados, Nieto constató que el hacinamiento en centros de detención preventiva (policiales y militares) ronda el 378 % y que el 30 % de la masa policial se encuentra custodiando detenidos, en vez de estar dedicados al trabajo que realmente les corresponde.
Las regiones que más padecen de hacinamiento son la Gran Caracas, Zulia y Carabobo, informó.
Responsabilidad del Gobierno
Nieto Palma destaca que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no es ha hecho mayor cosa que hablar y tratar de quitarse de encima la responsabilidad que tiene con los detenidos en calabozos policiales.
Por ende, señala la incapacidad gubernamental como la culpable de la problemática que involucra el retardo procesal y el hacinamiento propio en cárceles.
“Lo más grave es que no vemos que el Estado esté implementando soluciones para acabar con el problema (…) Las personas que están presas lo están bajo la tutela absoluta del Estado, por eso es el Estado el único que viola los Derechos Humanos”.
No menos de 15 derechos que establece el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario se violan a diario en los centros de detención preventiva por distintas causas, entre ellos, tratamiento médico, alimentación balanceada y la realización de actividades laborales y deportivas.
Para él, la solución radica en la construcción de nuevas cárceles. Aproximadamente unas 40 con capacidad de 2.000 reos o unas 80 para albergar mil reclusos cada una, harían falta para subsanar el déficit.
Sin embargo, añadió, la ministra Iris Varela no se apega a la legislación venezolana, ni mucho menos acepta recomendaciones de instituciones independientes.
“No hay relación entre este tipo de organizaciones y el Ministerio Penitenciario, e incluso grupos universitarios tienen prohibido el ingreso a las cárceles”.
