Senadores estadounidenses de ambos partidos se mostraron dispuestos el jueves a sopesar sanciones a más funcionarios venezolanos y de lograr que otros gobiernos de la región ejerzan la presión necesaria para provocar una conducta distinta del gobierno en el país caribeño.
El presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, señaló que actualmente Washington ha suspendido visas a 140 funcionarios venezolanos pero lamentó que otros gobiernos no se hayan sumado a la aplicación de las sanciones estadounidenses.
«Considerando nuestros estándares, nuestro gobierno no tiene dudas sobre la actividad criminal y la corrupción en el gobierno venezolano», dijo durante una audiencia que la comisión en pleno celebró sobre la crisis venezolana.
Al término de la audiencia, dijo a The Associated Press que «estoy abierto a considerar más sanciones a personas específicas, y también a buscar una estrategia regional a través de la OEA».
El secretario general del organismo, Luis Almagro, anunció el mes pasado que actualizará el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.
Los estados miembros de la OEA realizan lo que denominan una «evaluación colectiva» de la situación venezolana desde el 23 de junio, cuando 20 países votaron a favor de que Almagro expusiera su informe durante una sesión extraordinaria.
Mark Feierstein, exasesor para temas hemisféricos del expresidente Barak Obama y uno de los tres expertos interpelados por la comisión, advirtió que a Estados Unidos se le puede dificultar obtener apoyo regional en el tema venezolano debido a la tirantez que actualmente sufre la relación con México.
«Ha revivido una dinámica norte-sur que pensábamos ya había terminado», indicó.
El principal demócrata en la comisión, Ben Cardin, señaló que «podemos fortalecer las sanciones, ciertamente podemos trabajar con otros países para asegurarnos de que sean más efectivas si otros países las apoyan». Cardin agregó que trabaja con colegas republicanos en un proyecto de ley que autorice al gobierno estadounidense brindar ayuda humanitaria «para que podamos apoyar más efectivamente al pueblo venezolano».
Los venezolanos padecen una aguda crisis política agravada por una inflación galopante y una severa escasez de alimentos e insumos básicos, pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha permitido el ingreso de ayuda extranjera, alegando que no existe una crisis humanitaria.
«La forma de lograr un cambio efectivo del gobierno (venezolano) es obtener apoyo regional para una estrategia integral que incluya nuestra preocupación sobre ayuda humanitaria y también nuestra preocupación sobre violadores de derechos humanos, a través de sanciones personalizadas», explicó Cardin al final de la audiencia.
El gobierno del presidente Donald Trump no ha designado aún al subsecretario de Estado a cargo de América Latina ni ha presentado públicamente su visión para relacionarse con el hemisferio.
La acción más contundente adoptada por el gobierno de Trump fue calificar al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami como «narcotraficante», pero fue producto de una investigación realizada durante varios años.
El también demócrata Bob Menéndez anunció que pedirá formalmente al Departamento del Tesoro evaluar las consecuencias para la seguridad nacional estadounidense de una potencial adquisición de Citgo, una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, por parte de la petrolera rusa Rosneft en caso de que el gobierno de Maduro caiga en default con sus acreedores.
Washington aplica actualmente sanciones a Rosneft como parte del paquete de sanciones que impone a Rusia.
«¿Debería una empresa rusa sancionada tener control de infraestructura energética clave para Estados Unidos?», se preguntó el demócrata.
