El Gobierno busca ceñir los derechos humanos de los venezolanos con distintas manifestaciones de persecución, aseguró este miércoles el abogado Ramón Guillermo Aveledo durante una presentación auspiciada por el Centro de Justicia y Paz.
Una mentalidad “revolucionaria”, que considera que tiene muchos enemigos y debe salvar el proceso ante los supuestos peligros a los que está sometido, es la que conlleva a que el oficialismo haga lo que esté a su alcance y caiga en la persecución hacia la disidencia.
Fusilamiento moral, inhabilitación, discriminación, intervención de teléfonos y correos, son algunos de los tipos de persecución que señala. Para Aveledo, existe una gran contradicción entre la Constitucionalidad y la noción del poder que tienen quienes juraron hacer cumplir la Carta Magna, es por ello que el Poder Judicial se convierte en una herramienta utilizada por el Ejecutivo para resolver a su modo las diferencias que surjan con la oposición.
Indicó que desde que la unidad democrática alcanzó la mayoría en el Parlamento en 2015, el Estado quedó “cojo” porque anteriormente podía controlar y actuar de manera incesante, por lo cual aplicó un cerco mayor: la figura del desacato, que a su juicio se asemeja con el cuento infantil “el gallo pelón”.
“No permiten que la AN ejerza su principal labor: controlar. Ya desincorporaron a los tres diputados de Amazonas, pero entonces al parecer ya no es eso lo que quiere el Gobierno. Este desacato es la justificación para que nada de lo que haga la Asamblea Nacional valga”, sentenció Aveledo.
Por su parte, el politólogo y abogado Luis Salamanca expresó abiertamente que el régimen está evaluando cómo mantenerse en el poder hasta 2018 y por ello recurre a la persecución.
Aclaró que en un sistema democrático hay conflictos de manera constante, sin embargo no se corresponde a una lucha existencial ni se busca liquidar al adversario político. Subraya que según los artículos 2,3 y 19 de la Constitución, Venezuela se constituye como un Estado donde prevalecen los derechos humanos, no obstante la realidad es otra: ataques hacia los opinadores, como es el caso del profesor Santiago Guevara; hacia quienes intentan ejercer derechos políticos o estaban “en el lugar incorrecto y a la hora equivocada”, o a quienes en masa resultan incómodos para el Ejecutivo: La Asamblea.
Violaciones a los DDHH
A propósito del tema, la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó este miércoles el informe correspondiente al año 2015, en el que dan cuenta que en caso de los políticos, 27 fueron objeto de procedimientos legales, 17 fueron hostigados a través de los medios, 12 resultaron víctimas de hechos violentos, a cuatro ciudadanos se les ha atacó la inmunidad parlamentaria y a otros cuatro se les ha inhabilitado políticamente.
Mientras que en el caso de los defensores de DDHH, se notó que han sido perseguidos gracias a estrategias mediáticas que buscan desprestigiarlos, tal es el caso de Rocío San Miguel, Marino Alvarado, el Foro Penal Venezolano, Carlos Lusverti, Feliciano Reyna y Marco Antonio Ponce.
