La expropiación de la empresa Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi), ordenó el Gobierno Nacional a través del Decreto N° 2.732 publicado en la Gaceta Oficial N°. 41.102 de fecha 23 de febrero de 2016.
La disposición establece que se declara de utilidad pública e interés social, y en consecuencia ordena la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, bienhechurías, instalaciones, maquinarias y materiales presuntamente de propiedad de la empresa, ensambladora de los vehículos chinos marca DongFen.
Se califica de urgente realización la ejecución de la obra de utilidad pública “Reimpulso Automotriz para el Sector Público y para el Pueblo”, mediante la puesta en funcionamiento, uso y aprovechamiento de los bienes indicados.
Opacidad en la medida
Se recuerda que Civetchi fue intervenida a comienzos del 2015 y a partir de ese momento, al parecer se suscitaron sucesivos ilícitos dados a conocer por los propios trabajadores, que culminaron hace pocos días con la detención del Presidente de la Junta Interventora acusado de presunta corrupción.
Trascendió que esta decisión de expropiación de Civetchi, fue tomada luego que se le presentara al Presidente de la República un informe, en el cual se señalaba que la empresa supuestamente estaba incursa en negociaciones irregulares en la comercialización de los vehículos, acaparamiento, usura y manipulación cambiaria; sin embargo, entre los propios trabajadores se indica que no existe contra los propietarios de la empresa ninguna denuncia que señale estos supuestos delitos, por lo que aseguran que el Presidente de la República está siendo manipulado cuando montaron contra la empresa un “falso positivo”.
Igualmente se pudo conocer, que nunca se llegó a conformar una empresa mixta entre el Gobierno y Civetchi, el Ejecutivo nunca hizo ningún aporte de capital, no se elaboró ningún plan de negocios, por el contrario la empresa estuvo operando con capital propio y con financiamiento bancario.
