La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, en reunión del Consejo Superior Extraordinario rechazó la instauración en el país vía decreto por parte del presidente Nicolás Maduro de la Misión Justicia Socialista, por cuanto la organización de la administración de la justicia y sus funciones son potestades propias del Poder Judicial, como lo establece la Constitución en sus artículos 253 y 254, y no puede el pueblo asumir esta competencia, sino el Estado.
Precisaron que dicho decreto se “erige como una ofensa y desmérito de la profesión del abogado, de las universidades, de las escuelas de derecho, de los gremios de abogados y de un importante componente del sistema de justicia, plasmados en el artículo 253 de la constitución”.
Acotaron que como dignos abogados, tienen el derecho humano de percibir honorarios o justa remuneración por la prestación de los servicios profesionales como una actividad meritoria y capaz de proveer el sostén de sus familias y esto no debe ser considerado jamás una actividad dirigida a la “mercantilización capitalista”, ya que no se reproduce el capital, sino que la base fundamental del ejercicio de la profesión es contribuir al logro de la justicia y la paz social, originada en la búsqueda del conocimiento científico para el logro del bien común a través de la verdad, por lo tanto, “este instrumento soslaya el honor y la reputación de nuestra profesión”.
Exhortaron a los poderes públicos, demás autoridades y sociedad en general en acatamiento de los artículos 333 y 350 de la Constitución, a restituir la inmediata vigencia de las normas del contrato social que los asiste y a la desobediencia del referido decreto por contrariar los valores, principios y garantías democráticos y menoscabar los derechos humanos.
Finalmente, rechazaron de manera categórica “por inconstitucional, ilegal, inmoral y no ético el menosprecio que a través del írrito, mendaz e infundado decreto del presidente Nicolás Maduro, se le pretende hacer a la abogacía venezolana, por lo que instaron a que sea derogado de manera inmediata”, y se reservan el derecho constitucional legal y gremial de “actuar en contra de tal adefesio jurídico”.
Refutaron el contenido ideológico político de este decreto a favor del Gobierno violando principios fundamentales que inspiran la Constitución, así como valores morales, circunstancia sin precedentes en la historia republicana de la nación.
