Las investigaciones que han hecho las autoridades de los Estados Unidos sobre el narcotráfico, en cuyas actividades aparecen involucrados funcionarios civiles y militares de Venezuela, están socavando el Gobierno de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional.
Al dar a conocer tal apreciación la Dra. Rocío San Miguel, coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano por la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, indica que en lo interno de nuestro país la situación se torna muy grave ante la actitud asumida por el Presidente de la República, ya que en lugar de ordenar averiguaciones al respecto, lo que ha hecho es acusar al Departamento del Tesoro, como ha ocurrido últimamente con el caso del vicepresidente ejecutivo Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de tomar una decisión “ilegal, ilegal e inaudita” y de anunciar que el Ejecutivo Nacional responderá a lo que considera una agresión de aquel país.
Pero, lo más preocupante, es que no sólo defiende a quienes son señalados de estar incursos en delitos, sino que los asciende.
Aún más: Maduro se ha desprendido de15 facultades presidenciales y se les ha otorgado a El Aissami.
En otras palabras, está compartiendo la Presidencia con su vicepresidente.
Per esto lo que ha hecho es reforzar su conducta frente a los señalamientos de las autoridades estadounidenses, ya que cuando el general Néstor Luis Reverol Torres, quien fuera director de la Oficina Nacional Antidrogas y comandante de la Guardia Nacional, fu señalado por fiscales de aquel país como indiciado en el tráfico de drogas, fue designado ministro de Relaciones Interiores y Justicia.
Antes había ocupado ese mismo cargo cuando Chávez era Presidente y más tarde fue viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.
Con respecto al vicepresidente de la República, también hay que hacer mención al apoyo que le ha expresado el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y calificando el señalamiento como un acto de “injerecismo” de los Estados Unidos contra Venezuela.
-¿Cómo está quedando Venezuela ante la comunidad internacional al ser hechos del conocimiento público tantos casos de personas que tienen altas responsabilidades en el país?
-Tengo la impresión de que hay una estrategia en movimiento dirigida a hacer ver que la estructura del poder en Venezuela está socavándose progresivamente como consecuencia de las revelaciones progresivas de nombres de mandos políticos y militares involucrados en el narcotráfico en el país.En este orden de ideas, la Dra. San Miguel considera que estamos asistiendo probablemente a un cambio de estrategia estadounidense que es muy interesante, porque ya el Gobierno de esa potencia no está interviniendo en invasiones o de la época de movilización a través de organismos regionales.
El método en marcha es mucho más sofisticado y va orientado a ir demostrando con pruebas, en una suerte de ruta de goteo, las identidades de los funcionarios en los mandos políticos y militares involucrados en graves delitos.
-¿Cuáles serían los efectos que se buscan?
-Fundamentalmente, voltea la mirada de la comunidad internacional sobre Venezuela y la coloca como centro internacional de narcotráfico. Esto puede revelar importantes situacones para el país. No en vano ya, por ejemplo, el municipio Jesús María Semprún en Venezuela podría ser llamado el nuevo Medellín del continente, debido a la cada vez más frecuente aparición de laboratorios de cocaína.
Además de ese aspecto, podría generar un efecto persuasivo muy importante sobre factores no vinculados al narcotráfico, pero sí al llamado chavismo, que podrían negociar una salida para Venezuela.
Lo que está ocurriendo, desde luego, es que se están socavando las bases del poder en Venezuela como consecuencia de esas denuncias hechas sobre el narcotráfico.
-Pero, ¿tiene alguna explicación que el Gobierno no cambie su actitud frente a las denuncias de figuras relevantes del poder por parte de las autoridades estadounidenses?
-Con Maduro en el poder cualquier acusación nominal que haga el Departamento del Tesoro o cualquier órgano administrativo de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos va a encontrar como respuesta lo que ya conocemos: el ascenso del denunciado y toda la solidaridad expresada por el jefe del Ejecutivo Nacional. Esa va a ser la línea. Por supuesto que queda preguntarnos como ciudadanos: ¿cuál va a ser la función de la Fiscalía General de la República? Aquí, el punto central en cualquier investigación que se haga en el país, en materia de narcotráfico, tiene la palabra la máxima autoridad de ese organismo. Allí está la pieza fundamental de lo que podría develarse en torno a este asunto en el año 2017. ¿Está dispuesta la fiscal general a realizar las investigaciones en este sentido? ¿Solicitará cooperación internacional para recabar las pruebas que señalan a estos funcionarios? En el pasado no se ha hecho. Quedaría por ver si el cambio de estructura en Venezuela podrían abrir un compás para que el Ministerio Público comience a realizar su trabajo.
Transición
Considera la Dra. Rocío San Miguel que aunque todavía no ha habido una reacción seria por parte de los organismos oficiales sobre tantos casos graves de narcotráfico y corrupción denunciados fuera de nuestro país, hay en la población grandes expectativas.
Estamos asistiendo a una transición que todavía no sabemos en qué va a terminar. Para nadie es un secreto que hay funcionarios militares, judiciales y policiales que, desde hace cierto tiempo, han estado cooperando con el gobierno de los Estados Unidos para develar la trama de corrupción y de narcotráfico en Venezuela.
Inclusive, yo me atrevo a más: es probable que no solamente estén colaborando personas que tienen la condición de testigos protegidos en los Estados Unidos, sino también funcionarios activos en nuestro país con órganos de justicia y de investigación de aquel país.
El caso de los sobrinos de la pareja presidencial es un misil a la línea de explotación de un barco de poder. Se ha puesto de manifiesto lo que es capaz de hacer la justicia estadounidense y su capacidad de información que ha venido manejando desde hace tiem sobre las claves de poder en Venezuela
El municipio Semprún
El municipio Jesús María Semprún, del estado Zulia está situado al suroeste de ese estado. La capital es Casigua El Cubo. Su extensión es de .845 kilómetros cuadrados. Alí viven alrededor de 25 mil personas. Se había caracterizado por ser una zona situada en el área petrolera, pero dedicada mayormente a la actividad agropecuaria y pesquera.
Sin embargo, desde hace ya varios años por la circunstancia de estar ubicada en las proximidades de Colombia, fue permeada por los elementos armados y los narcotraficantes, en particular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación (ELN), que tienen ese lugar como aliviadero y además lo han venido utilizando para sus actividades de producción de cocína.
Comenzó a llamar la atención ese municipio cuando en el 2013 se informó sobre el desmantelamiento de 21 laboratorios de cocína.
Al año siguiente no se tuvo información, pero en el 2015 fueron destruidos 25 laboratorios. Del año pasado tampoco se tienen datos; sin embargo, ya en el presente van 38 laboratorios encontrados por las autoridades.
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