Al no comparecer a la convocatoria que le había hecho la Asamblea Nacional (AN) para ser interpelado sobre la crisis eléctrica que vive el país, la plenaria del Parlamento acordó discutir el próximo jueves el debate sobre la moción de censura al Mayor General Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec.
De inmediato, se procedió a debatir el segundo punto del orden del día: El proyecto de acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios independientes y a periodistas nacionales e internacionales, el cual fue aprobado por unanimidad.
Inició el debate la diputada Adriana D’Elia, quien denunció que el hostigamiento a medios de comunicación viola permanentemente convenios internacionales en cuanto a libertad de expresión.
“Conatel es otro brazo político del Gobierno que funciona para amedrentar y perseguir. 60 medios dejaron de funcionar”, afirmó D’Elia al hacer un recuento de los diversos casos que se han registrado recientemente en contra de la libertad de expresión y persecución a representantes de los medios de comunicación social.
Además, la parlamentaria destacó que la crisis de papel periódico es un mecanismo del Gobierno para regular la línea editorial de los medios impresos. “Resaltamos el cierre del Carabobeño, con más de 80 años de circulación.
Hoy el estado Carabobo no tiene periódico. Así como cercenan el derecho a la comunicación, cercenan el derecho al voto. No lo seguiremos permitiendo”, indicó.
La corrupción del CLAP
A continuación, comenzó el debate sobre las denuncias de sobreprecio y otras irregularidades en la ejecución del programa CLAP.
El diputado Carlos Paparoni inició la discusión destacando que al presidente Nicolás Maduro no le duele que “350 mil niños no vayan a clases por falta de comida y que 3 millones de venezolanos coman basura, mientras sus funcionarios, como Samarck López, se dedican a hacerse ricos con la importación de alimentos”.
El parlamentario detalló cinco niveles de corrupción que han detectado en el citado programa. “Responsabilizamos no sólo al ministro de alimentación, también a Rodolfo Marcos Torres y a Freddy Bernal”, apuntó.
“Hacer las cajas en México o Panamá cuesta 8 dólares, pero el Gobierno las compra a 35 dólares. ¿Por qué el sobreprecio? Por cada kilo que viene en las cajas se podría subir 16 veces la producción del país”, expresó Paparoni al remarcar que se han generado 122 millones de dólares de sobreprecio.
Agregó que los CLAP constituyen un programa ineficiente y cargado de corrupción.
“Las cajas CLAP no son la solución a la crisis actual. La solución está en la producción nacional”, aseveró.
Posición similar asumió el diputado Carlos Valero al tomar la palabra. “Los CLAP no sirven para nada, solo sirven para que la corrupción se alimente del hambre de los venezolanos”, sentenció al emplezar al Ejecutivo Nacional que elimine el control de cambio y abra el canal humanitario para paliar la crisis.
