Por obstaculizar el acceso de la auditora interna interventora Mayren del Carmen Ríos Díaz a la sede administrativa del Parlamento, la Contraloría General de la República informó este lunes que el Legislativo entró en desacato.
Explicaron mediante su cuenta en Twitter que con esta negativa, se estaría violentando la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y las atribuciones que tiene la Contraloría como máximo organismo de control fiscal.
“La CGR ejerce el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos (…) El desconocimiento a la autoridad de la CGR es sancionado por su Ley Orgánica”, reza la información publicada en la cuenta oficial del órgano rector.
Según señala el artículo 289 #3 del máximo texto constitucional, la Contraloría tiene la facultad de “inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones e iniciar investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público; así como también aplicar sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la Ley”.
Mientras que el artículo 26 de la Ley Orgánica, especifica que son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal aquellas entidades a las que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
Por lo cual, la CGR está en la obligación de examinar los registros y estados financieros que determinen la pertinencia y confiabilidad en el marco de las operaciones que se realicen.
Cabe acotar que Ríos Díaz fue designada, según Gaceta del 14 de febrero, como auditora interna interventora de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional, a fin de fortalecer las instituciones del Estado.
