El gobernador y capitán general Diego de Osorio, el 9 de mayo de 1596 otorgó una cédula catastral de un resguardo llamado El Cerrito de Santa Rosa. Para el año 1773 fue otorgado a todos los indígenas una legua cuadrada, equivalente a 3.500 hectáreas con la finalidad de ser habitadas y trabajadas, pero las mismas “han sido mutiladas” con el pasar del tiempo a través de resoluciones, provocando que los indígenas disminuyeran su población.
Sin embargo, el juez de justicia y paz de la parroquia Santa Rosa, Ramón Álvarez, recordó que el presidente Hugo Chávez reconoció que todos los pueblos indígenas deben asumir su territorio con la promulgación de la Ley de Pueblos Indígenas, el 27 de diciembre de 2005, y la nueva Ley de Tierras. Ante eso, la etnia Gayón decidió unirse como pueblo organizado de productores y campesinos y solicitar lo que por derecho les corresponde, la pertenencia de la legua cuadrada.
De esa manera, el pueblo Gayón en el 2014, interpuso un amparo ante la abogado Luisa Estela Morales, para entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien les permitió ver que el pronunciamiento tiene un carácter de ley que data desde el momento que la corona española le confirió la propiedad de las tierras a los indígenas y que en 1904 la Ley de Resguardo recibió a los aborígenes como absolutos dueños de la legua cuadrada, que se extiende desde Pozo Azul hasta la Hacienda Santa Rita en Palavecino y es un derecho que ha sido vulnerado desde hace más de 700 años.
Álvarez relató que el pueblo Gayón estaba cansado de que no se hagan valer sus derechos e invitaron a participar en una convocatoria a Agrofan, al Instituto Nacional de Tierras (INTI), al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MINEA) y al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPAPT), en la Hacienda Santa Rita, a manera de solicitarles que se aplique la ley. Para este miércoles se efectuó la asamblea, luego del segundo llamado a una convocatoria. No obstante, los funcionarios revolucionarios pertenecientes a las distintas organizaciones abandonaron la reunión, sin dar respuesta alguna, al momento que periodistas de EL IMPULSO ingresaron a la junta.
“Según el artículo 10 de la Constitución, la tierra es del estado venezolano y como estado comunal solicitamos que aplique la ley. Nosotros trabajamos en función de la justicia y los órganos del estado emanan de ella y al momento que abandonaron esta sala incurrieron en violar la soberanía que reside en el pueblo, lo que es un acto violatorio penal y abriremos un procedimiento ante eso”, expresó Álvarez.
Los descendientes de la etnia Gayón, aseguran que por derecho natural resguardan las 408 hectáreas ubicadas en la Hacienda Santa Rita, que actualmente las instituciones tienen totalmente improductivas, dado que tan solo dos hectáreas son utilizadas para la producción de cultivos. Para ellos (los indígenas) es una situación alarmante que los que se hacen llamar revolucionarios no actúen de acuerdo a los lineamientos del comandante Chávez y a favor de solventar la crisis y emergencia económica que azota al país.
Por otro lado, Álvarez recordó que el 5 de mayo de 2006, el para entonces presidente de la República, Hugo Chávez, llegó a la ciudad para hacer su programa de Aló Presidente y que almomento que observó el verdor del valle del turbio, sin pensarlo dos veces, decidió que el Estado venezolano debía tener control absoluto de estas tierra, es decir, pertenecer al pueblo y no tener un dueño.
“Las instituciones del actual gobierno han estado disfrazando al socialismo como un sistema político cuando en realidad es un sistema económico que debe ser asumido por las personas con conocimientos, dado que la economía debe funcionar a través del sistema de bases. Queremos crear un nuevo sistema económico y transformarlo porque no podemos seguir pasando las de Caín simplemente porque las instituciones se niegan a darle la oportunidad a quienes desean avanzar. Y que ellos se hayan retirado de esa manera solo demuestra que andan caminando chueco”.
