Veintitrés expresidentes latinoamericanos suscribieron una declaración en la que alertan a sus gobiernos sobre la situación de Venezuela respecto a los presos políticos, particularmente al cumplirse 3 y 2 años, respectivamente, de las prisiones de Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Dicho contenido que se reproduce es enviado por el reconocido abogado Asdrúbal Aguiar.
En este sentido, los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) sobre Venezuela, dejan constancia de la grave preocupación por la erosión total de la democracia constitucional en Venezuela y al efecto alertan a sus respectivos gobiernos.
“La agravación de las penurias que sufren, sin distingo, todos sus habitantes, en un cuadro de empobrecimiento y escasez de alimentos básicos, como de sufrimiento de la violencia, sea por falta de la asistencia sanitaria vital, sea por obra del desbordamiento de la criminalidad, ya alcanza niveles alarmantes e implica una generalizada violación de derechos humanos”, relatan.
Observan que el gobierno de Nicolás Maduro, antes que procurar una solución urgente a tantos males, en colusión con otros poderes del Estado, sujetos a su control político, ha secuestrado la vía democrática y electoral.
A la vez que, arguyendo atentados contra su estabilidad, persigue y criminaliza a todo aquél que exprese inconformidad y proteste por la deriva dictatorial y militarista que hace presa de la nación venezolana.
El día 18 y 19 de febrero se cumplirán tres años y dos años, respectivamente, de las prisiones políticas a las que han sido sometidos dos líderes fundamentales de la democracia en Venezuela, Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde Metropolitano de Caracas; quienes hacen parte del conjunto inaceptable de prisioneros que, a su arbitrio y conveniencia, libera o encarcela el gobierno.
Tanto es así que, el Foro Penal Venezolano ha hecho constar, recientemente, que 2.096 personas, casi todas ellas relacionadas con protestas o manifestaciones contra el poder, se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, sin haber sido condenadas, como es el caso de María Corina Machado, y 110 se mantienen por condena o por orden judicial tras las rejas.
Es de destacar, en tal orden, la más reciente privación de libertad o la anulación de sus pasaportes, con atentados de las inmunidades de que gozan, de varios diputados opositores de la Asamblea Nacional.
Sólo en regímenes dictatoriales tiránicos y totalitarios existen presos políticos y de conciencia. Ello es inadmisible bajo los cánones básicos de la democracia, de la civilización, y de todo gobierno que se diga respetuoso de los derechos de la persona humana. Tal hecho ha de mover la sensibilidad y la actuación firme y decidida de los organismos internacionales y las instituciones de mayor prestigio moral en el mundo, bajo riesgo de que se hagan cómplices por omisión de la tragedia en la que se encuentra hoy sumido el pueblo venezolano.
