Insisto en la necesidad de explicar a las nuevas generaciones de abogados, que el irrespeto a las instituciones y a las personas que las representan, no fue en el pasado como lo es ahora. Hoy se desconocen descaradamente, por ejemplo, las atribuciones constitucionales y legales de los diputados a la Asamblea Nacional. El Parlamento es el primero de los Poderes Públicos, así lo ubica la Constitución Nacional. La Carta Magna comienza regulando y concediéndole a la Asamblea nacional, las atribuciones correspondientes. Es el poder de la representación popular. Es la depositaria de la soberanía de la Nación y su función está por encima del Poder Ejecutivo, al cual controla e interpela. Por eso asombra la detención inconstitucional del diputado Gilbert Caro, sin que se le aplique el procedimiento de antejuicio de mérito y el posterior allanamiento a la inmunidad de la cual goza. No quiero imaginar el escándalo que se hubiera armado si, por ejemplo, al diputado Héctor Rodríguez de la bancada roja, o a cualquier otro parlamentario oficialista, se le hubiere violado su inmunidad parlamentaria en un gobierno de la república civil.
Pero no solo está el caso del diputado Gilbert Caro, estamos frente a la violación sistemática y permanente de los derechos constitucionales a los diputados Luis Florido, representante de este estado Lara y del diputado Williams Dávila, representante del estado Mérida. Ambos diputados son miembros de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Florido es el presidente y a ambos se les anularon sus respectivos pasaportes sin ninguna explicación. Con el agravante de que a Luis Florido le dijeron, varios días después, que había sido un error, lo cual debió obligar a las autoridades migratorias a pedir perdón y a entregar inmediatamente el pasaporte o entregarle uno nuevo. Algo parecido ocurrió con Dávila. Hasta el momento de escribir estas notas, nada de eso ha ocurrido y Luis Florido no pudo viajar a Lima en misión oficial a cumplir compromisos que interesan a la Nación. Ese no es el trato merecido por diputados democráticamente electos y depositarios de la representación popular. Este régimen cuartelario y enfermo de poder no entiende de constitucionalidad ni de legalidad, sólo practica la arbitrariedad. Cuando llega un diputado, llega el pueblo que representa, y toda la administración pública debe prestarle la mayor colaboración para el pronto, correcto y eficaz cumplimiento de sus obligaciones.
Recuerdo que siendo ministro del interior el Dr. Lorenzo Fernández, su secretario privado, mi amigo Miguel Eduardo Granadillo, me pidió un libro prestado. Fui a la esquina de Carmelitas en Caracas a llevarle el libro y me dijo ven para que saludes al ministro Fernández. No pude saludarlo, llegó sin previa cita el diputado José Vicente Rangel y Lorenzo Fernández dejó todo para atender a Rangel. Como aquello se demoraba, me tuve que retirar, pero aprendí que el buen trato a los diputados es propio del talante republicano y democrático.Y es de obligante cortesía.
