Mientras por una parte el Gobierno obliga a ver cadenas de televisión, por la otra se establece una censura informativa sobre asuntos que requiere conocer la ciudadanía venezolana, resalta el coordinador nacional de Espacio Público, Carlos Correa.
El investigador y profesor universitario señala que a pesar de la insistencia que tiene el Ejecutivo Nacional de mantener en forma permanente la práctica de las cadenas, estas registran cada vez un bajo encendido en todo el territorio nacional.
Se tratan tantos temas que a la población no le interesa conocerlos, porque como se trata de programaciones obligatorias, no despiertan ningún tipo de expectativas.
Pero, al mismo tiempo el Ejecutivo Nacional ha establecido una censura en todos los niveles de la administración pública.
Uno de los casos que llama más la atención es el nivel de la inflación que se registra en el país; sin embargo, el Banco Central de Venezuela no ofrece información al respecto.
El Gobierno está obligado a informar pormenorizadamente sobre los asuntos que conciernen a la población, pero no lo hace.
Cuando se le pregunta sobre el caso del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, sobre el cual se han hecho graves acusaciones sobre presunto casos de narcotráfico y además se le vincula con un empresario, Samar José López Bello, de ser supuestamente su testaferro, no ha habido una información oficial que precise en qué se basan esos señalamientos.
El Estado venezolano está en el deber de brindar explicaciones cuando se presenta una situación tan delicada como la que se relaciona con el Vicepresidente de la República.
No es que se responda de que se trata de una miserable e infame agresión por parte del imperialismo, porque lo que se está informando es de un hecho muy grave que amerita explicaciones claras.
Expresa el investigador de la comunicación que existen mecanismos que debe utilizar el Estado venezolano en casos como el mencionado y uno de ellos es la Fiscalía General de la República, que ha debido tan pronto se produjo la información sobre el funcionario, realizar los procedimientos de rigor para determinar las bases de la denuncia.
Es por ello que considera que el propio Vicepresidente y el Presidente de la República no pueden desconocer el señalamiento porque la opinión pública requiere de que se le proporcione una información precisa sobre el caso, que es muy delicado y grave.
