La angustia y la tensión se ha reeditado en los alrededores de los edificios de La Pastoreña en Yacural, con las recientes acciones del colectivo provivienda Batalla de Santa Inés, quienes se atribuyen la titularidad del terreno y que han emprendido trabajos de desforestación, no solo en los terrenos en disputa sino también en las áreas comunes de los edificios.
Así lo han manifestado los residentes del Conjunto Residencial La Pastoreña, Núcleo “C”, conformado por las torres 5, 6, 7 y 8, quienes entregaron una denuncia formal este lunes 13 de febrero en la Defensoría del Pueblo, donde acusan a los ocupantes ilegales de haber trasgredido los límites de la urbanización, específicamente del estacionamiento y de la torre 7, la más cercana a los terrenos invadidos.
“Nosotros interpretamos estas acciones como una provocación de los invasores, una incitación a la violencia para justificar su permanencia allí, ya que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) no ha venido a hacer los estudios de factibilidad ni ha presentado los planos con los linderos del terreno. Por eso han estado viniendo los últimos domingos a limpiar el terreno y a meterse en nuestras áreas comunes, para presionar una confrontación, pero no lo van a lograr, nosotros conocemos nuestros derechos y vamos a defender nuestra propiedad con los argumentos que nos otorga la ley”, señala Fabián Soto Rueda, miembro de la Junta de Condominio de La Pastoreña, Núcleo “C”.
De acuerdo a la denuncia presentada por los habitantes de La Pastoreña, los domingos 5 y 12 de febrero los ocupantes ilegales han estado deforestado el terreno llegando incluso a desmalezar las áreas verdes alrededor del estacionamiento y de la torre 7 del Núcleo C.
Por esta razón, hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo del estado Lara, donde existe un expediente sobre este caso, para que sirva de mediadora en este asunto para lograr una solución definitiva y pacífica a esta situación.
“Los residentes de La Pastoreña anunciamos que tomaremos las acciones particulares necesarias para resguardar y defender nuestra propiedad, amparados por los derechos consagrados en la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil venezolano y la Ley de Propiedad Horizontal, entre otras normativas legales a las cuales nos apegamos; y nos reservamos las acciones legales a las que haya lugar para garantizar la seguridad, protección y bienestar de nuestras familias, nuestros bienes y nuestra comunidad”, agrega la carta entregada por Leonardo Coutinho y Fabián Soto Rueda ante la Defensoría del Pueblo, seccional Lara.
