Un fiscal argentino pidió el martes abrir una investigación al presidente argentino Mauricio Macri, por presunto perjuicio al Estado en arreglo de una deuda de la empresa de su familia, en un polémico caso por sospechas de falta de ética pública.
La imputación a Macri fue presentada por el fiscal Juan Pedro Zoni, ante el juez Ariel Lijo, quien debe decidir si abre o no una investigación contra el Presidente.
La medida de Zoni se basa en el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), Gabriela Boquín, quien dijo que el acuerdo con el poderoso Grupo Macri es «ruinoso», «abusivo», «inadmisible» y «equiparable a una condonación del 98% de la deuda».
La imputación responde a dos denuncias penales que llegaron a los tribunales; una presentada por dos políticos de la oposición kirchnerista, Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, y la otra, por un abogado particular.
Zoni impulsa una investigación para «corroborar la existencia de conductas delictivas», según el texto difundido a la prensa, en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino. Los Macri tuvieron en concesión el Correo desde 1997 hasta 2003 cuando fue reestatizado.
El gobierno había reclamado más temprano a la justicia tomar en forma «urgente» el caso al considerar que no hay delito alguno. Negó que haya conflicto de intereses como sostiene una ola de denuncias políticas por supuesta corrupción.
El escándalo estalló la semana pasada cuando la fiscal Boquín reveló un acuerdo firmado en junio de 2016. La deuda era de casi 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).
Según la fiscal, el pacto omite actualizar el monto, pese a que la inflación desde entonces fue de 700%. Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco local.
La fiscal dijo que hubo «manifiesta mala fe» porque el Grupo Macri se presentó antes en la justicia para cobrarle al Estado una deuda por el equivalente a 150 millones de dólares. Pidió un interés del 11%.
La oposición puso el grito en el cielo porque el Grupo Macri saldría ganando dinero por la diferencia entre ambos acuerdos.
Desacuerdo colectivo
Una encuesta de la consultora Analogías reveló que «un 80% de encuestados está en desacuerdo del arreglo. Un 62,4% lo considera un acto de corrupción».
Las acciones de la empresa concesionaria fueron repartidas por su líder, Franco Macri, entre sus tres hijos, uno de ellos Mauricio. El presidente, a su vez, transfirió su parte accionaria a sus hijos. «La decisión del gobierno no dio tranquilidad a la sociedad», afirmó Ricardo Alfonsín, líder radical socialdemócrata aliado de Macri.
La repercusión es de tal magnitud que intervinieron organismos que el gobierno controla, como la Oficina Anticorrupción, dirigida por la dirigente macrista Laura Alonso. También investigan la estatal Fiscalía Administrativa y la Procuración del Tesoro (fiscalía económica).
«Se trata de un acto de corrupción», dijo a radio del Plata la diputada Victoria Donda, del partido de centroizquierda Libres del Sur. Decidir sobre la legalidad del acuerdo está en manos de la Cámara Federal.
El Correo fue dado en concesión en el marco de la política de privatizaciones del gobierno peronista de derecha de Carlos Menem (1989-99).
Perdonar deuda
En 2001 colapsó la economía y un polémico tipo de cambio de un peso igual a un dólar. En 2002 volvieron las devaluaciones.
Al llegar al gobierno, los Kirchner (primero Néstor en 2003 y después Cristina, de 2007 a 2015, peronistas de centroizquierda) reestatizaron el Correo. Nunca llegaron a un acuerdo con los Macri por la deuda. «Nosotros arreglamos lo que el gobierno anterior no hizo», dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En reacción, el exministro de Planificación de los Kirchner, Julio de Vido, dijo que no hubo acuerdo porque los Macri querían el perdón de la deuda.
La fiscal y la Procuración General (jefatura de fiscales) dijeron que si se actualiza la deuda, la quita llega a unos 250 millones de dólares. Calculada a 2033, cuando madura el acuerdo, la quita implica unos 4.700 millones de dólares.
