El pasado 28 de diciembre los trabajadores universitarios recibieron una carta enviada por el Ministerio de Educación Universitaria, en la cual se expresaba que a partir de ese momento contarían con una cobertura de 200 mil bolívares para gastos correspondientes al área de salud. Si bien la noticia fue tomada de buena forma en primer momento, entre líneas se comunicaba que dicho monto sería percibido a través de Seguros Horizonte, lo que puso en alerta a los beneficiarios de los Institutos de Previsión Social (IPS), también conocido como Instituto de Previsión del Profesorado (IPP), en el caso de los educadores.
“Nos querían hacer caer por inocentes”, indicó en primer momento Deborah Velásquez, quien preside la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Apucla).
El problema reside en que los IPS trabajan de manera auto administrada, es decir, los recursos que son enviados por el ministerio son distribuidos por la universidad, tomando en cuenta que cada casa de estudio tiene su respectivo instituto, tanto en el personal docente, como obrero y administrativo, aunque hay casos en que algunos gremios no lo han establecido.
Aproximadamente un 20 % del dinero que entra en las arcas del IPS es un aporte del ministerio, mientras que el 80 % restante es por contribución de los trabajadores.
La mayor preocupación se tuvo cuando iniciadas las actividades académicas y administrativas en el mes de enero, el ejecutivo nacional a través del ente ministerial no había enviado el aporte que les correspondía, de manera que los empleados universitarios comenzaron sus labores con incertidumbre sobre la posible eliminación del IPS, considerando que sin la participación económica del ministerio sería difícil mantener los servicios al día.
Según la cláusula 58 de la II Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario, se establece que “el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología a través de las Instituciones de Educación Universitaria, conviene en continuar garantizando los aportes para los Institutos de Previsión, Servicios Odontológicos y contingencias médicas de los trabajadores universitarios cuyo servicio de salud sea manejado a través de ellos Instituto de Previsión del Profesorado, Instituto de Previsión Social, Auto-Administrado o fondo mutual”.
Éste el basamento planteado principalmente por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), quienes se han encargado de hacer las exigencias correspondientes, incluso un paro de actividades en las universidades durante 24 horas con el fin de obtener algún pronunciamiento de parte del ministerio.
Lourdes Viloria, presidenta de Fapuv, destacó que con la circular emitida se pretendía violentar la autonomía universitaria.
El mayor problema para los empleados era el hecho de que obtener los 200 mil bolívares a través de Seguros Horizonte significaba un proceso más burocrático, además de que el monto otorgado resulta insuficiente para cubrir cualquier gasto médico en la actualidad.
“Al acudir a una clínica entonces se tendría que esperar a que otorgara la clave o la carta aval de parte del seguro para ser atendidos”, señaló Viloria. Asimismo, diferentes empleados han juzgado dicha condición precisamente por experiencias de otros trabajadores públicos que se mantienen bajo el mecanismo de una aseguradora y deben esperar incluso días para obtener una autorización que garantice el pago.
La dinámica de los IPS varía acorde a la universidad, en el caso del estado Lara, la UCLA, Unexpo y UPEL son algunas que cuentan con el instituto, cada una de estas con sus especificaciones.
La UCLA tiene una cobertura de 600 mil bolívares, lo que significaba entonces una pérdida también para los trabajadores, no sólo en sentido económico, sino que al dejar de trabajar directamente con el IPS se dejaba a un lado el servicio odontológico, otorgamiento de medicamentos, consultas varias, entre otros.
Por su parte en la Unexpo funciona el IPS para personal docente y administrativo, cubriendo un monto de 200 mil bolívares, al igual con la UPEL. A pesar de no tener inconveniente por la cantidad a cubrir, pues resulta equitativa, se rechazó la medida por la lentitud y el riesgo que significa hoy en día trabajar con un seguro.
El hecho de pretender que las universidades dejaran de administrar dichos recursos se tradujo como un alerta en los trabajadores, quienes exigen el cumplimiento de la convención colectiva y de la autonomía universitaria.
La circular que fue emitida por el ministerio también fomentó cierto rechazo hacia el ministro Hugbel Roa, quien parecía hacer caso omiso a las solicitudes desde hace más de un mes para establecer un encuentro entre las partes para aclarar las dudas sobre la decisión considerada unilateral y lo que esto significaría para al menos 15 universidades en todo el país que dejarían de administrar su Instituto de Previsión Social.
Compromisos
En el transcurso de la semana pasada el viceministro de Educación Universitaria, Andrés Eloy Ruiz, decidió reunirse con representantes de las casas de estudio afectadas para llegar a un acuerdo. En el caso de la Unexpo el presidente de la Asociación de Profesores (Apunexpo), Gonzalo Meléndez, explicó que se solicitó presentar un informe sobre el manejo del IPS, asimismo serán visitados para tener un control ministerial acerca de las funciones que garantiza dicho beneficio.
Un punto a favor fue el hecho de que se aceptó restituir parte de los recursos. “Dijeron que depositarían 150 millones de los 400 millones que corresponden”, informó, no obstante tal cifra aún no ha sido cancelada.
La UCLA, a través de Deborah Velásquez, dio a conocer que se había aceptado el error de haber incluido la cláusula 58 de la Convención Colectiva en la circular emitida por el ministerio, pues se violentó un compromiso. Durante el encuentro con el viceministro se hizo entrega de un informe en donde se detallaba el aporte que se genera de parte del IPS.
Velásquez comentó que la reunión fue positiva, pues se reafirmó que el ministerio haría su aporte correspondiente, pero reconoció que de parte de la UCLA existió un error, pues los recursos fueron solicitados para el mes de marzo y no para enero, no obstante, según lo hablado, esperan que al menos 550 millones de bolívares sean destinados al IPS en las próximas semanas.
La presidenta de la Apucla dijo que actualmente, una de las trabas que puede existir con el ministerio es el hecho de que se pretenda perjudicar al trabajador jubilado, pues aparentemente se quiere segregar el monto jubilatorio y las primas que se perciben, de manera que sería únicamente el salario el que se beneficiaría de los aumentos que se realice de parte del ejecutivo nacional, mientras que las primas serían incrementadas solo cuando se discuta el contrato colectivo.
