La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y mostró su preocupación sobre los riesgos que corren los defensores de derechos humanos al ejercer su trabajo.
En la última sentencia emitida por la CIDH este organismo le solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro adoptar “las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal” de Theresly Malavé, abogada y defensora de derechos humanos.
Malavé se ha destacado desde el año 2003 por ser la abogada de los policías metropolitanos acusados por los sucesos del 11 de abril del año 2002, y actualmente lleva el caso del diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro, quien está preso en la cárcel 26 de Julio, así como también defendió a Rosmit Mantilla, militante de ese mismo partido y diputado de la Asamblea Nacional quien estuvo detenido en la cárcel del Helicoide por más de dos años, entre otros.
En la sentencia de la CIDH, la abogada fue la única mujer mencionada de la lista de personalidades y líderes que el gobierno debe garantizar la vida, seguridad personal y que puedan desarrollar sus actividades “sin ser objeto de actos de hostigamiento”.
Asimismo revela una nota de prensa, que también fueron incluidos en la lista de protección los dirigentes políticos David Smolansky, Freddy Guevara, y los presos políticos Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Yon Goicoechea y Delson Guárate.
