Como un proceso sobrevenido y “ajustado a las conveniencias de la oficina de asuntos electorales del PSUV” calificó el doctor José Gregorio Zaá el anuncio hecho por el CNE en torno a la renovación de los partidos políticos.
Recordó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia 878, había exhortado al CNE a pronunciarse al respecto seis meses atrás, lo cual no ocurrió. Hasta la primera quincena del mes de enero era aceptable que el órgano que se pronunciara, sin embargo, esperó hasta febrero.
Zaá también criticó que la recolección de manifestación de voluntades se realice solo los fines de semana comprendidos entre el 18 de febrero y el 23 de abril de 2017 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
“Aplican un horario de oficina como si se tratara de un ente público, sin mencionar que los fines de semana disminuye la cantidad de unidades del transporte público así como el entusiasmo de los ciudadanos porque la mayoría se ocupa de labores domésticas, compras y descanso”.
Posibilidades reducidas
El especialista en materia electoral indica que en 2016 tuvo lugar un cronograma de relegitimación de los partidos que contempló aviso de prensa por el CNE (2 de mayo), consignación de la solicitud de la renovación por los representantes del partido (4 al 10 de mayo), reparos u observaciones (11 y 12 de mayo), aviso oficial que indicaba condiciones, lapsos y lugar de la renovación de la nómina de los partidos (16 de mayo) y recolección de voluntades (30 de mayo al 30 de septiembre). Este cronograma dispuesto por el CNE se cumplió hasta la tercera fase porque luego se interrumpió ante la solicitud del referendo revocatorio por parte de la oposición.
“Hoy en día te dan un lapso de apenas 10 semanas para la recolección de las manifestaciones de voluntad, sumado a que los detalles del proceso se darán a conocer mañana (hoy) y el cronograma el 16 de febrero, dos días antes de iniciar el proceso”.
Los pasos se redujeron a la mitad, es decir, también se reduce a la mitad la posibilidad de la recolección de manifestación de voluntades.
Otra traba que observa el especialista es el número de puntos que se habilitarán, apenas 390.
“Si se divide el número de organizaciones con fines políticos (59) entre las 10 semanas del proceso se entiende que se podrán relegitimar entre 5 o 6 organizaciones por semana, que deberán recoger el 1% en 12 regiones para revalidarse”.
Recordó que el órgano posee unas 40 mil máquinas de votación así como suficientes dispositivos para la autenticación biométrica, por lo cual pudieron procurarse más puntos para este proceso.
“Sabemos que los factores interesados en renovar su nómina solicitaron un buen número de máquinas pero se evidencia un sesgo que raya en la desigualdad porque para el proceso interno del PSUV se dispusieron 4.000 máquinas, así como para la entrega del Carnet de la Patria, jornada que tiene miles de puntos, máquinas, captahuellas, muchas más que las solicitados por los millones de militantes que desean manifestar su voluntad hacia un partido”.
Zaá estima que para Lara el número de puntos no llegará a 20.
Por otro lado resaltó que el proceso comienza el 18 de febrero, justo cuando se cumplen tres años del encarcelamiento de Leopoldo López.
“Esto pretende enervar cualquier actividad que se produzca ese día”
Según el CNE el orden en el que las organizaciones con fines políticos deberán validar sus nóminas dependerá del último proceso electoral en el que hayan participado y de los votos obtenidos en el mismo. Así, el primer grupo está conformado por aquellos partidos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones (presidenciales 2013 y AN 2015), a los cuales se les contabilizarán los votos obtenidos en las elecciones parlamentarias de 2010. La secuencia de atención se iniciará con el partido que haya obtenido menos votos. En este grupo estarán las organizaciones que no existían para el año 2010, las cuales serán las primeras en ser atendidas.
El segundo grupo lo integran los que sí participaron en los comicios del 2015, a los que se le contabilizarán los votos obtenidos en ese proceso y se les dará el mismo orden de atención de acuerdo con su votación.
Registro desactualizado
El Registro Electoral que será tomado en cuenta para esta renovación es el utilizado para la elección de la Asamblea Nacional del 2015. Los militantes deberán validar su identidad en el estado en el que se encontraban registrados para esa fecha
“Esto quiere decir que para la relegitimación de los partidos políticos no se actualizará el Registro Electoral”.
Considera el abogado que Voluntad Popular entraría en el primer grupo. A su juicio, el mecanismo determinado coloca en desventaja a los partidos pequeños ya que el Reglamento Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones relativo a la Constitución, Actividad, Cancelación y demás actos registrables de las organizaciones con fines políticos establece la necesidad de cubrir el porcentaje del 1% de los partidos políticos en 12 entidades regionales para que sea considerado un partido político nacional y el tiempo es muy reducido.
Se corre la arruga
Este entramado ralentizará eventos electorales posteriores (regionales, municipales), postergándose incluso hasta el 2018 en el caso de las elecciones locales. Amén de que la convocatoria a regionales implica unos 102 pasos.
Puntualiza que a los representantes de los partidos les corresponde colocar un triple filtro para contrarrestar cual intención dolosa que pueda cometer cualquier persona inducida por el oficialismo, quien pudiera identificarse como militante de un partido opositor para luego decir que fue utilizado de manera inconsulta.
Otra cosa que estaría en juego son las elecciones primarias de las organizaciones políticas que se habrían planificado para marzo de 2017.
“El único antídoto es valerse de la tarjeta de la MUD para contemplar unas primarias, claro, dudo que cada partido ponga sus intereses de lado. El antídoto 2 sería aplicar el consenso pero ante una espada de Damocles por cuanto que en el TSJ cursa una demanda contra la MUD por supuesto fraude cometido durante la recolección del 1% de las firmas para el revocatorio”.
Opina que el juego se está trancado y que en definitiva el Gobierno busca liquidar a la disidencia y proclamarse dictador, para que no haya expresiones de naturaleza electoral como lo establece la Carta Magna en los artículos 5, 62, y 63.
“Acabar con los partidos políticos significa que no hay democracia, se judicializa a la oposición. Este tsunami incluso borraría del mapa a organizaciones como el PPT, PCV, Redes, MEP. Tendríamos al final un solo partido y una sola hegemonía. Esto no es más que estirar la arruga hasta el 2018. Una vez más el CNE le hace la tarea al PSUV”.
