Un grupo de 34 legisladores de los dos principales partidos de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela sancionando de inmediato a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos, según pudo saber The Associated Press.
La carta estuvo motivada en parte por una investigación de AP, a la que cita, que destapó corrupción en la importación de alimentos a Venezuela. La misiva solicita además una investigación exhaustiva sobre el supuesto tráfico de drogas y el presunto apoyo del nuevo vicepresidente del país, Tareck El Aissami, a grupos terroristas de Oriente Medio.
El Aissami está en el radar de las fuerzas de seguridad estadounidenses desde su etapa como ministro del Interior hace casi una década, y ha estado vinculado a sobornos pagados a funcionarios por el principal narcotraficante condenado del país. El responsable ha negado delito alguno.
Las relaciones entre Estados Unidos y su crítico más acérrimo en Latinoamérica han sido tensas durante años — los dos países no intercambian embajadores desde 2010. Y a instancias del Congreso, el expresidente Barack Obama sancionó a varios funcionarios venezolanos por la represión a opositores o ayudar a introducir cocaína en Estados Unidos.
Pero Trump mencionó al país solo de pasada durante la campaña presidencial. Y las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, durante su confirmación dieron pocas pistas de si se alejará de la relativa moderación del gobierno de Obama y hará un llamado al diálogo entre el presidente socialista Nicolás Maduro y la oposición. Venezuela está sumida en un bloqueo político incluso cuando su economía se desmorona.
En medio de tanta incertidumbre, Maduro ha adoptado un enfoque más suave. Tras calificar a Trump de «bandido» y «enfermo mental» durante la campaña, ha permanecido en silencio incluso ante la promesa del republicano de construir un muro en la frontera con Mexico y congelar la inmigración procedente de aliados venezolanos como Irán y Siria.
«Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir», dijo Maduro el mes pasado en un llamamiento a sus partidarios para que dejen de juzgar al nuevo inquilino de la Casa Blanca.
La carta, coescrita por Ileana Ros-Lehtinen, republicana de Florida y expresidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el senador Robert Menendez, demócrata de Nueva Jersey y miembro del subcomité de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, parece que buscaría obligar al gobierno a actuar.
«Una acción decidida y ejemplar en respuesta a los acontecimientos en Venezuela como una de las primeras acciones de política exterior de nuestro gobierno enviaría un potente mensaje al régimen de Maduro y al pueblo venezolano», señala la misiva, que está firmada por el mismo número de republicanos que de demócratas.
En concreto, los legisladores piden a Trump que sancione a funcionarios responsables de beneficiarse de la grave situación humanitaria. Esto incluye a oficiales del ejército venezolano encargados de la distribución de alimentos que, según halló la AP, se lucran con el hambre.
«Una amplia investigación de The Associated Press en diciembre de 2016 expuso lo que muchos asumen como cierto, que oficiales venezolanos corruptos están beneficiándose de los problemas humanitarios en el país», apuntó la carta.
La misiva pide también al Departamento del Tesoro que emita regulaciones aclaratorias para asegurar que empresas estadounidenses no utilicen sobornos ni se beneficien del sobrecoste de contratos de alimentos violando la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Finalmente, los legisladores buscan incrementar la financiación estadounidense para el trabajo en pro de la democracia y la sociedad civil en el país.
Los legisladores dedicaron sus críticas más duras a El Aissami, un socialista de la vieja escuela que asumiría el poder en el caso de que Maduro renunciara o fuese destituido, como busca la oposición. El Aissami despierta el interés de las autoridades estadounidenses desde hace casi una década, cuando docenas de pasaportes falsos venezolanos terminaron en manos de ciudadanos de Oriente Medio, incluyendo supuestos miembros del grupo libanés Jezbolá. En 2011 fue acusado por uno de los principales narcotraficantes del país de aceptar sobornos a través de su hermano para permitir que grandes cargamentos de cocaína partiesen del principal puerto del país.
«Dados estos reportes, la deteriorada situación humanitaria en el país y su importancia en el régimen, instamos a las agencias pertinentes a investigar a fondo la conducta y actividades de Tareck El Aissami», señala la carta.
El Aissami ha negado cualquier delito y calificó a quienes lo critican de traidores que buscan dañar a Venezuela.
