Para solicitar la apertura de una investigación contra el general Fabio Zavarse y el Coronel Vladimir Lugo por las agresiones perpetradas el jueves pasado en las inmediaciones del CNE cuando diputados pedían la publicación del cronograma electoral, acudió el parlamentario Juan Requesens a la Fiscalía General de la República, en Caracas.
En representación del cuerpo legislativo, indicó que estos funcionarios de la Guardia Nacional están en el deber de permitir el acceso a los organismos públicos, sin embargo, cumplen con órdenes superiores y reprimen como en este caso, irrespetando la inmunidad parlamentaria que confiere el artículo 200 de la Carta Magna.
“Ustedes los generales y coroneles, que hoy están robando, son quienes le ensucian el rostro a una Fuerza Armada Nacional digna, ustedes no representan el sentimiento de cambio que también hay en los cuarteles. Sepan ustedes que no soportarán el peso de la justicia y en este país, habrá justicia”, señaló.
En ese sentido, apuntó que también instaron a que se respete el derecho a la protesta y al libre tránsito, pues consideran que con el comando antigolpe, el Gobierno pretende prohibir al pueblo que reclame ante las sedes del Poder Público, menoscabando lo consagrado en la Constitución.
“Eso es ilegal. Aquí cualquier venezolano tiene el derecho de reclamar donde quiera y que lo sepan bien, nosotros iremos a las instituciones que tengamos que ir para hacer valer el derecho. No nos van a intimidar. Podemos ir al Tribunal Supremo o a Miraflores”, sentenció.
Requesens, en compañía de su colega Angel Medina, destacó que aunque la oposición no confía en las instituciones actuales, deben continuar denunciando los hechos irregulares por ser “delitos que no prescriben”, y que por lo tanto, serán procesados cuando la justicia llegue a Venezuela.
Asimismo advirtió que rendirse o entregarle el país al oficialismo no está en los planes de la dirigencia que hoy ocupa mayoría en el Parlamento, por el contrario, el objetivo es presionar al Poder Electoral para que permita celebrar unas elecciones a gobernadores y alcaldes “que están secuestradas” desde el año 2016.
