Una revisión detallada, concienzuda y a profundidad del ordenamiento jurídico venezolano, es acción suficiente para constatar que, pese a no contar con una ley que regule estrictamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en las normativas vigentes se registran 12 marcos legales que abordan el tema, indican la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones, y establecen –bajo el carácter de ‘obligatoriedad’– que los ciudadanos obtengan respuestas oportunas a las solicitudes de información vinculadas con la gestión que, de una u otra manera, le genere impacto en su calidad de vida.
No obstante, y muy a pesar de aquellos tratados filosóficos que exponen la democracia “participativa y protagónica” como máxima de la vida en sociedad, este derecho contemplado en los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley del Ejercicio del Periodismo, entre otras leyes que componen el universo jurisprudencial venezolano, no se está ejerciendo a cabalidad, no es una práctica internalizada por los conciudadanos, ni muchos menos es una constante de su día a día.
La razón –explica Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela– tiene que ver con las falencias que existen en el desarrollo legislativo de este derecho, con la falta de procedimientos establecidos en la norma, y con una desazón generalizada que ocasiona desgaste en los ciudadanos, naturalización de la opacidad, pérdida de la confianza en las instituciones públicas por no emitir información y respaldarse en los 60 instrumentos legales que ha diseñado el Gobierno central para auspiciar la cultura del secreto, y, en la mayoría de los casos (90 % más o menos) por los silencios malsanos que utilizan para responder a las solicitudes presentadas.
Ahora bien, ante esta realidad, y con el propósito de que Venezuela experimente una renovación social, política, económica y cultural que la ayude a solventar los grandes problemas de hoy, es necesario preguntarse: qué significa para la colectividad, para el futuro del país, para las nuevas generaciones, para la prosperidad, el progreso y el desarrollo que anhela la Nación esta pasividad generalizada, este oscurantismo devorador del que brota la corrupción, el despilfarro, el peor desempeño del mundo, la ceguera y la injusticia, y qué constituye, para el tejido social de esta tierra, la ausencia casi absoluta de la información.
Para ello, Yonaide Sánchez, socióloga, profesora universitaria y coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Lara, diserta con nosotros y asegura: “la falta de información, de datos, cifras oficiales, declaraciones fehacientes, sinceridad y objetividad en la gestión pública, resquebraja el tejido social de manera tal que los ciudadanos se debilitan, quedan ciegos y desprovistos de información, y se hacen víctimas de la corrupción, de la poca a nula contraloría social que ahora se ejerce, de la crisis inflacionaria, la injusticia y la impunidad”.
Una serie de elementos que, sin duda alguna, ponen en tela de juicio las garantías constitucionales, justifica la “cultura del secreto” que ronda la administración pública actual, y genera una brecha gigantesca entre los ciudadanos, los detalles y el manejo que se le da a los recursos y bienes del Estado, las formas en que se toman las decisiones, y la calidad de vida que todos merecen por compartir el mismo espacio, el mismo tempo y la misma democracia.
Por estas razones, y a sabiendas de que “el Estado no va a cambiar, que no podemos esperar ‘gente buena’ para que gobierne, y que los asuntos de derechos humanos requieren de procedimientos y exigencias constantes”, De Freitas aseveró que “es tarea nuestra, de todos los venezolanos indistintamente de sus diferencias, exigir, exigir y exigir cada vez más información; exigir sin bajar la guardia, sin cansarse y haciendo contraloría, estando encima de los funcionarios, denunciándolos con nombre, apellido y foto para saber quién es el que está violando ese derecho, y llevarlo a las instancias nacionales, regionales, locales e internacionales para señalarlo como violador de derechos humanos. Así, de este modo, en la medida que la sociedad aprenda a sancionar a sus dirigentes, a privarles del voto que necesitan para ejercer sus funciones públicas por corruptos, opacos y por entender lo público como su propiedad privada, nuestra sociedad, nuestras instituciones y nuestra calidad de vida, mejorará considerablemente”.
En otras palabras, el compromiso que tienen todos los venezolanos en este momento (y no solo en materia de acceso a la información de interés público) es ejercer su ciudadanía, exigir sus derechos, cumplir sus deberes y hacerse parte de la transformación nacional con acciones que promuevan la integridad, la corresponsabilidad social y el bienestar colectivo que debe imperar por encima de los intereses individuales; sobretodo, en una época en la que “la reconstrucción de nuestra seguridad, de nuestra salud y de nuestra democracia en definitivo, pasa porque poco a poco vayamos exigiendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes”, destacó De Freitas al culminar.
Sin información no hay noticia. Un llamado para los comunicadores
Ahora que se ha puesto sobre el tapete el oscurantismo informativo que ronda a Venezuela desde hace algunos años atrás, es imperativo que se denuncie la violación al derecho al trabajo que esta opacidad genera en los profesionales de la comunicación social, en los trabajadores del nuevo y viejo periodismo, y en aquellos que requieren de la información para cumplir sus faenas, desarrollarse profesionalmente, y cumplir con la labor social que trae implícita la profesión.
Por esta razón, Aura Rosa Matheus, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Lara, destaca que “la negativa de los entes gubernamentales, de las oficinas públicas y de los representantes oficiales del Estado para brindar información, no es un problema de ahora; al contrario, es un problema de vieja data que se ha convertido, en este momento coyuntural del país, en una política de Estado, en una constante generalizada para que las instituciones públicas no tengan que rendir cuentas sobre sus gestiones, no tengan que someterse a la contraloría social, ni mucho menos tengan que dar parte por sus trabajos a los ciudadanos y ciudadanas que requieren la información”.
Así mismo, Matheus indica que “estas limitaciones son contraproducentes para el trabajo periodístico porque lo debilitan, lo resquebrajan y lo dejan a la intemperie en un mundo cada vez más globalizado, sediento de información, y que requiere de investigaciones profundas, datos precisos, contraste de fuentes, interpretaciones, análisis y declaraciones concretas para responder, asertivamente, a las necesidades de nuestros lectores, de los usuarios o consumidores de la información que exigen claridad, transparencia, objetividad y veracidad al momento de encontrarse con la noticia”.
Por estas razones, y muy a propósito de defender lo que el escritor colombiano Gabriel García Márquez llamaba “la mejor profesión del mundo”, Marcos Ruiz, secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la prensa (SNTP), enfatizó que, “como esta situación no es un hecho aislado y tiene un interés particular que priva sobre las garantías legales y constitucionales que tenemos los venezolanos y los profesionales de la comunicación, debe asumirse esto como una práctica en contra de la democracia, como una violación a los derechos humanos; y por tanto debe denunciarse”.
“Para ello -agregó- el periodista debe hacerse cada vez más acucioso en su trabajo de buscar la información; debe solicitar los datos que requiera a través de un escrito (porque los escritos tienen un tempo de respuesta establecido y un periodo de caducidad) y luego, si esta solicitud no es atendida tampoco, debe acudir a los tribunales y denunciar la negativa en la que ha incurrido el o los funcionarios de la institución interpelada. Así, de este modo, la exigencia será cada vez mayor y los entes del Estado, la ciudadanía y el país entero, tendrán que convencerse que lo “normal” no es una sociedad desinformada, sin matrices de opinión y con bajos índices de participación ciudadana.
Una premisa que sin lugar a dudas se complementa con la ideas de Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, quien propone: la tarea en esta reconstrucción nacional es de todos, cada ciudadano, cada profesional, cada individuo desde su ámbito de acción, está llamado a promover procesos y derechos cónsonos con el país y la sociedad que merecemos.
Ley en mora
Aun cuando el término “acceso a la información pública” es poco común para los venezolanos, es importante destacar que durante el periodo 2010-2015 de la Asamblea Nacional (AN), la Coalición Proacceso (integrada por el Colegio Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad y organizaciones como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Cesap, Invesp y Sinergia) presentó un proyecto de Ley de Transparencia Divulgación y Acceso a la Información Pública que estuvo sin ser discutido hasta el 3 de marzo del año 2016 cuando, la nueva AN de mayoría opositora, lo revisó y lo aprobó en su primera discusión. Actualmente, este proyecto que favorecería la dinámica social de los venezolanos y la pondría a tono con el resto de países de la región, se encuentra en vísperas de una ratificación por parte del presidente de la República. Por esta razón, y a sabiendas de los beneficios que la ley le augura a los venezolanos, Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Lara, hizo un llamado al Gobierno nacional y le invitó, de manera genuina, a replantearse las políticas públicas que están desarrollando las instituciones del Estado.
¿Un derecho incognoscible, utopía o realidad?
Con el propósito de conocer la actitud que tienen los larenses hacia el acceso a la información de interés público, el equipo del diario EL IMPULSO salió a las principales avenidas de la ciudad a consultar a los ciudadanos.
En la interpelación, que consistía en indagar si los barquisimetanos conocen el derecho que tienen a solicitar información de interés público en los entes del Estado y sí lo habían requerido alguna vez, se pudo constatar que existe un desconocimiento parcial de lo que es la información de interés público.
En la mayoría de los casos las personas encuestadas hacían alusión a trámites, requerimientos administrativos, entre otros, y no a la información que toda institución pública debe entregarle a los venezolanos por manejar bienes y recursos del Estado, y por poseer información que, de una u otra manera, afecta en la calidad de vida de los mismos.
Esta realidad se ajusta a las disertaciones presentadas por los especialistas, y ratifica la necesidad de construir nuevas ciudadanías, venezolanos cada vez más activos y protagónicos con los procesos y derechos democráticos y, por supuesto, ciudadanos comprometidos con el país y su reconstrucción nacional.
