En un cuarto de seis metros de largo y cuatro de ancho de una infraestructura de la Policía Municipal de Iribarren (PMI) cada vez más débil -con capacidad para ocho personas-, se encuentran confinados 75 privados de libertad, en lo que resulta un pequeño ejemplo de la problemática que se dejar ver y hace mella en casi todos los cuerpos de seguridad del Estado: el hacinamiento.
Privados de libertad se ven obligados a dormir sobre cartones, otros en periódico o el mismo piso, pocos privilegiados poseen una delgada colchoneta para recostarse y, si el espacio lo permite, también se inventan una especie de hamaca con par de sábanas, aunque no pueden moverse mucho para no tocar a ningún otro recluso porque puede significar la muerte; todo esto debido al reducido e inadecuado espacio en los centros de detención preventiva de la región –no de reclusión-.
Sus necesidades fisiológicas deben hacerlas en envases, bolsas de plásticos, papel o en el suelo, y les es común vivir entre la basura, por lo que las infecciones en la piel se contraen con facilidad y el olor resulta nauseabundo.
La escabiosis, popularmente llamada sarna, es una de las enfermedades que más ha proliferado en los calabozos policiales por el hacinamiento y quienes la padecen se arrastran en el piso para combatir la piquiña.
También van en alza los casos de tuberculosis, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), males respiratorios y gastrointestinales. Además, en dichas instituciones no hay atención médica oportuna.
A estas inhumanidades son sometidos los privados de libertad del país, enfáticamente los detenidos de las comisarías policiales, en donde han tenido que adaptarse en todo sentido -infraestructural y operativamente- para la custodia, trato y retención de delincuentes.
Contra la Constitución y los Derechos Humanos
Las condiciones en las que son mantenidos los reclusos en espacios policiales son contrarias a los derechos constitucionales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tal es el caso de los artículos 43 y 46 de la Carta Magna, solo por nombrar algunos, que estipulan la inviolabilidad del derecho a la vida, así como el respeto que tiene todo venezolano a su integridad física, psíquica y moral.
El retraso procesal, la mala administración ministerial y la incapacidad de los centros de reclusión venezolanos para albergar a los más 89.000 presos que hay en Venezuela, son las razones por las que, a juicio del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la detención preventiva se ha convertido en un “caos” y en uno de los “graves problemas” del sistema penitenciario venezolano.
Explicó a EL IMPULSO el presidente de esta organización, Humberto Prado, que el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) venezolano establece que ningún ciudadano puede permanecer más de 9 horas en un calabozo policial, puesto que, transcurrido dicho lapso, debe ser llevado ante un juez que decidirá si el individuo es inocente o dictar una medida judicial preventiva privativa de libertad.
Sin embargo, actualmente hay sentenciados pagando condena en calabozos policiales y detenidos con sus audiencias en diferimientos de hasta tres años.
“El factor que ha ocasionado toda esta catástrofe se llama Iris Varela porque anteriormente esos detenidos eran normalmente trasladados, pero todo comienza cuando ella decidió no aceptarle presos a ningún gobernador ni alcalde, menos si son opositores, y ahora en los calabozos policiales decapitan, hacen fugas masivas, matan policías, lanzan granadas”.
Destacó Prado que la población reclusa hace unos cuatro o cinco años rondaba los 33 mil ciudadanos, cifra que es superada fácilmente al compararla con el número “récord” de detenidos que hoy se encuentran en calabozos policiales, aunque este varía constantemente.
“Un policía estudia para la seguridad ciudadana, no para la seguridad penitenciaria. Ellos no están para cuidar presos sino para detenerlos cuando cometen un delito, no están preparados para atender familiares, ni para revisar comida, ni para hacer requisa, lo que están es obstinados”.
Afecta la función policial
El director del Cuerpo de la Policía del Estado Lara (Cpel o Polilara), Luis Rodríguez, coincidió con lo expuesto desde el OVP tras señalar a la ministra Varela como la responsable del “desastre”, y recuerda que el detonante del mismo, fue una circular pública del Ministerio para el Servicio Penitenciario, divulgada el 3 de agosto de 2011 y mediante la cual “prohibió a las cárceles recibir nuevos reclusos sin su orden. Todos los ingresos deben ser autorizados en Caracas”.
Desde entonces, afirmó, el número de presos en calabozos policiales ha aumentado: cuando a principios de 2016 la policía regional tenía bajo su responsabilidad a no más de 800 reos, hoy vigilan casi 1.200.
Pasillos, baños y oficinas de Polilara han sido sacrificadas para improvisar celdas.
Asimismo, la función policial se ve afectada cuando casi la mitad de los funcionarios regionales -más de 2.000- renuncian a su compromiso con la ciudadanía para cuidar presos.
“Vamos a llegar a un momento en el que nos van a neutralizar. O nos quedamos cuidando detenidos y no salimos a la calle, o salimos y estos malandros se escapan. Además, las patrullas que son la que deben estar recorriendo los barrios se utilizan para traslados. Hay muchos funcionarios que evitan traer un detenido a menos que sean causas de carácter grave por la misma situación”.
Cabe destacar que, durante el 2016, nueve privados de libertad fueron asesinados por riñas dentro de los distintos calabozos de Polilara debido a la aglomeración y las disputas territoriales; dos fallecieron por malnutrición en pabellones de Fundalara y uno dejó de respirar por padecer sida.
“A pesar de que intentamos garantizar los derechos a la vida, la salud, a hacer deporte o a tener una actividad artesanal que puedan aprender, lamentablemente no contamos con los espacios para poder cumplir”.
En este sentido, tres túneles en avanzado estado de construcción fueron descubiertos en el Comando General en los últimos dos años. También se han registrado decenas de evasiones en distintas comisarías.
Decenas de oficios dirigidos a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, Ministerio de Relaciones Interiores, al propio Consejo Legislativo del estado Lara y al alto mando militar en la región, han sido enviados por Rodríguez sin respuesta alguna.
No comen bien
En el comando de la PMI –al que no benefician traslado desde el 2013– la situación de hacinamiento no es diferente, aunque presenta algunas variantes. De las manos de esta institución escapa dar garantía al cumplimiento del derecho a la alimentación de sus detenidos -28 sentenciados-, como también se presenta, en ocasiones, con otros organismos por las limitaciones presupuestarias.
Contó el director del cuerpo, Héctor Medina, que diariamente deberían llegar a los calabozos municipales 81 desayunos, 81 almuerzos y 81 cenas. Sin embargo, no llegan más de 20 porque los familiares no cuentan con los recursos necesarios para alimentar a sus seres queridos.
“Nosotros nunca hemos tenido un presupuesto porque no deberíamos tener privados de libertad con tanto tiempo”.
Por ello se han registrado al menos dos fallecimientos en la PMI durante el 2016 y durante las revisiones médicas superficiales se evidencia la pérdida de peso.
“Han dejado a un lado a los presos que tienen los cuerpos de seguridad”.
Soluciones a la crisis
Debido a los altos índices delictivos del país los expertos en la materia prevén que el número de reos en calabozos policiales continúe creciendo.
Ante este panorama, consideran desde el Observatorio Venezolano de Prisiones que el proceder judicial y ministerial tiene que apegarse a las leyes.
También cree que deben abrirse las puertas de las cárceles que, aunque presentan hacinamiento, en ellas los presidiarios “tendrían patio, comedores en los que pueden comer mejor y una cancha en donde correr”.
“Yo creo en la descentralización y considero debe haber una coordinación entre el Ejecutivo nacional, regional y el municipal (…) Yo siendo gobernador y se lo he dicho a varios de ellos: mire si usted sabe que el problema es político y le está ocasionando problemas mayores, por qué no se ponen de acuerdo con los alcaldes, construyen un centro de detención preventiva y se olvidan del Ejecutivo nacional”, contó Prado.
Asimismo cree que los Poderes Públicos deben actuar de manera autónoma y velar por el respeto a los derechos de la población penal.
“Que la Defensoría del Pueblo cumpla su papel y no sea alcahueta de quien no acate su rol (…) En el estado Táchira se comieron a dos personas, y ¿qué hizo el Defensor del Pueblo? Nada, simplemente avisó y reconoció que había un problema; pero esa no es la función de él. Tiene que estar en la acera de al frente vigilando al Gobierno para que no vulnere derechos”.
Por su parte, el comandante de la policía regional, aseveró que ha hecho propuestas a las autoridades en materia penitenciaria para la valoración de un edificio ubicado en la carrera 13 con calle 48 de Barquisimeto, que funcionaba como cárcel, tiene 36 calabozos disponibles y “pudiera rescatarse para darle respiro a todas la policías, así como también a la población reclusa”. Además, tiene una cancha techada aparentemente en desuso que pudiera ser aprovechada.
“Nosotros hemos hecho la propuesta desde hace años e incluso le hemos pedido a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo del Estado Lara (Clel) para que interceda y tramite la recuperación de ese espacio porque nuestra situación es bastante difícil. Lo único que pedimos es que por favor se cumpa con lo establecido en la normativa legal”, sentenció Rodríguez.
Artículo 373 del COPP
El comisionado en jefe, Rodríguez, expuso que la legislación venezolana tipifica dos maneras para practicar detenciones: con respaldo de una orden judicial o en flagrancia.
Sobre la detención “in fraganti”, la normalmente practicada por los cuerpos policiales, el artículo 373 del COPP establece que el órgano aprehensor debe realizar la notificación a un fiscal del Ministerio Público (MP) en un lapso de 12 horas después de llevada a cabo la captura.
Luego el MP asume la acusación del detenido y tiene 36 horas para presentar el caso a un Tribunal de Control.
Posteriormente, será el Juez quien deba decidir el destino de la persona durante una audiencia de presentación que debe efectuarse en un lapso de 48 horas.
“Después que el juez emite una sentencia ya no es un procedimiento policial sino judicial y ahí es que inicia la diatriba”.
De la voz de los protagonistas
El equipo reporteril de EL IMPULSO logró hablar con un grupo de privados de libertad en Barquisimeto, desde los calabozos del Comando General de la policía larense. Los detenidos manifestaron que “el hambre” es el peor suplicio al que están expuestos en el recinto.
“Aquí nos tratan bien, pero falta comida hasta en la calle. Hay unos aquí que tienen sarna a morir, nos salen hongos, llagas, abcesos, infecciones porque no hay para hacer aseo. Queremos irnos a un penal para ver si salimos rápido”.
Aprovecharon, en la voz de uno de los líderes, en enviar un mensaje a la ministra Iris Varela. “Oye que nos ayude, que nosotros no tenemos nada que ver con el problema político que hay. Nosotros somos parte de la sociedad a pesar que somos presos (…) Esto es infrahumano. ¡Queremos deporte!”.
