En aproximadamente 16 meses se dará inicio a la campaña oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela, el evento previsto más importante en la larga lucha por el poder entre las fuerzas en pugna. Y, aunque no es definitivo, existen altas probabilidades de que en esos comicios resulte electo un candidato de la oposición, en virtud del debilitamiento del sector gubernamental como consecuencia del desgaste por los largos años en el Gobierno, los problemas de gestión y los efectos sociales de la escasez, la inflación y la inseguridad. Estaríamos entonces frente a una situación de alternancia, que habría que comenzar a evaluar y trabajar desde ahora. En todo caso, no es mucho el tiempo que resta, como pudiera pensarse.
Los meses en los que transcurrirá este proceso estarán marcados por circunstancias diversas, en el plano exterior y nacional. En lo internacional, pudiera imponerse una visión realista en relación a Venezuela de parte de Donald Trump, de modo que disminuirían las hostilidades. Pero de no ser así, y de incrementarse una intervención extranjera, el proceso político sería severamente afectado y se avanzaría hacia un conflicto que no sería simplemente interno, de imprevisibles consecuencias sobre la dinámica institucional nacional. Esta eventualidad alteraría el cauce del proceso electoral y lesionaría las perspectivas de la oposición.
En el plano interno, se observan opiniones diversas en el campo opositor sobre la conducta a asumir: un sector se inclina por organizarse y escoger a tiempo un candidato para la competencia, mientras que otro sector es partidario de intentar previamente una rebelión de calle que conduzca al derrocamiento del Gobierno por medio de un alzamiento militar. Las divisiones en la oposición no residen en si se va al diálogo o no, sino en torno a cuál de estas estrategias asumir.
En el campo gubernamental hay, obviamente, preocupación por la perspectiva de un revés electoral, que, de no variar el cuadro económico actual, será difícil de evitar. De modo que el sector gubernamental se encuentra en la necesidad de reorientar las políticas económicas para impulsar la producción y así aliviar los problemas de escasez y la inflación. Del mismo modo, estarán obligados a mejorar la eficiencia de la gestión pública y la distribución de alimentos, porque no se modificará la actual inclinación electoral, desfavorable, si no se producen cambios en las condiciones de vida de la gente.
El diálogo es un instrumento de utilidad para manejar acuerdos sobre este proceso electoral, tanto en su etapa previa de 2017 como durante la contienda propiamente dicha de 2018. Estas elecciones son lo esencial, porque será en ellas que se concretará de cual lado queda la silla de Miraflores.
