Mientras no se ponga remedio a la inflación y a la escasez, los problemas del país se agravarán. El remedio está en incrementar la producción nacional, se dice fácil. Hacerlo requiere un conjunto de medidas que estimulen la inversión privada (capacidad productiva) y se incremente la disponibilidad de insumos para que las plantas puedan operar regularmente.
Entre 1999 y 2001 estuvo vigente un sistema cambiario con bandas de flotación, el Banco Central intervenía parcialmente sobre el mercado inyectando divisas a fin de evitar que la tasa de cambio se saliese de la banda estipulada. Funcionó con relativo éxito. La caída de los precios del barril tras el ataque terrorista 11-S, redujo la disponibilidad de divisas. Tratando de superar esta limitación, en 2002 se decreta libre convertibilidad, para que el sector privado aportara los dólares que faltaban, cualquiera podía comprarlos o venderlos, usarlos o guardarlos si prefería, sin que constituyera delito alguno. En el 2003 se avanza en sentido opuesto: en vista de que los precios del barril no se recuperan, se establece un control de cambio, un estado de excepción, se decreta una interrupción temporal del mercado de divisas. Las razones que justificaron la restricción son la primera puesta en escena de la narrativa de la guerra económica, discurso que explica el origen de cualquier crisis, aunque por aquel entonces no se había acuñado el término.
Las medidas impopulares que se toman encajan a juro con el formato de la narrativa. Las crisis económicas coyunturales son provocadas por enemigos políticos, nacionales y extranjeros, que realizan acciones desestabilizadoras con el fin de tumbar al gobierno. Por tanto, para superar problemas de contrabando, fuga de capitales, desempleo, desabastecimiento, escasez de divisas, inflación, bajos salarios, o cualquier otra cosa, hay que conceder poderes especiales al Presidente de la República (leyes habilitantes), para que proceda a tomar las medidas que considere pertinentes para derrotar a la oposición política y sus aliados: los empresarios.
En 2003, con el control de cambio comienza el control total de la renta petrolera. El Convenio Cambiario # 1 dice que una comisión presidencial, Cadivi, administrará las divisas. Fijará las condiciones para el acceso, manejo y cotización de los dólares. Desde entonces el esquema cambiario se rige por unas normas dictadas por el Poder Ejecutivo, de allí el término régimen cambiario. Los diversos convenios, 36 a la fecha, apuntan a excluir paulatinamente al sector privado del uso y acceso a las divisas, recogido en la consigna “ni un dólar a la burguesía”. Por la misma razón fueron reduciéndose hasta su eliminación los cupos electrónicos y viajeros.
El régimen impuesto ha mostrado vocación anti-nacional y perversidad. La calificación no es gratuita. La política comercial adelantada, por un lado, en vez de promover las exportaciones, se encarga de sustituir producción nacional por importaciones “baratas”, cerrando el acceso a dólares “por cuenta propia” al sector privado. Pero además las compras externas se hacen a una tasa de cambio artificial, sumamente baja, que a la final es un subsidio a las importaciones. En paralelo, fomenta solidaridad con “países amigos”, a los cuales se beneficia directamente, con tal de no comprarle a los productores nacionales, intercambio en el cual se privilegian relaciones de otro tipo. Aquí no entra en consideración el abastecimiento, la soberanía alimentaria, llenar los anaqueles o beneficiar a los consumidores. La Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA y PetroCaribe, son casos emblemáticos. En estos espacios regionales se llevan a cabo transferencias veladas de renta. La potencia energética mundial, valga decir el Estado venezolano, conviene, por ejemplo, mediante la firma de un acuerdo, en comprarle granos a Nicaragua, que no es la mejor opción, la de menor costo en las ofertas internacionales del momento. Se trata de importaciones costosas en dólares, pero baratas en bolívares, debido al truco de la sobrevaluación que vale para las compras gubernamentales (para el sector privado el dólar es caro). Veamos un ejemplo: 1 Kg de caraota comprado a Nicaragua cuesta 4 dólares (carísimo), pero son Bs. 40 (baratísimo) a la tasa DIPRO [Bs. 10 x dólar], en agosto 2016. En el mercado doméstico el precio es Bs. 3.600. Según esta fórmula, resulta muy bueno traerlas de afuera. El país caribeño obtiene de este modo divisas inalcanzables en un escenario de competencia y el gobierno se abstiene de comprarle a los productores nativos, en concordancia con su objetivo predatorio. Obviamente, el productor doméstico está fuera de combate: “su oferta”, tiene un precio de US$360, contabilizada a dólar DIPRO, obviamente no puede competir con los US$ 4 por 1 Kg de caraota importada; de modo que si aspira a sobrevivir debe convertirse en importador, si es que se lo permiten. Pero si el empresario privado se mete a importador, debe hacerlo a la tasa DICOM, o sea pagar el dólar a Bs. 600, con lo cual es imposible competir. Caso similar, documentado, es la compra de vacunas a Cuba a US$3,03 cuando la Organización Mundialde la Salud, OMS, la tenía en US$0,1 en el año 2015 (véase diario El Nacional, 10-12-2016; Siete Días).
