Rubén Morales, presidente de la Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo, declaró en una visita a la sede de este diario que el partido Acción Democrática (AD), miembro de la Mesa de Acción Democrática (MUD), está silenciado ante la decisión emitida por la Sala Política Administrativa de quitarle el control a la Contraloría General de la República (con fecha del 15 de diciembre de 2016), ahora competencia a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Estas denuncias tienen dos nombres en específicos: los diputados Henry Ramos Allup (expresidente del parlamento) y Edgar Zambrano, pues ambos pertenecen a la Comisión Permanente Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, razón por la que tienen facultad para manifestarse sobre ese tema.
El motivo de este silencio, considera Morales, está vinculado a “intereses personales” por parte del partido AD, pues señala que la decisión de asignar la potestad para controlar a otro organismo lo cataloga como inconstitucional, pues precisa que es un indicador de la corrupción y la deslealtad de los miembros de la MUD para el pueblo venezolano.
Aparte de lamentar que el Estado “haga de lado” a los organismos responsables del control fiscal de los gastos públicos (Contraloría General y Asamblea Nacional), Morales no descarta que Ramos Allup y Zambrano tengan complicidad con el Gobierno y los militares para “obtener ganancia” de las ventas de “municiones y armas”.
Tales aseveraciones no solo acusan a militantes del partido blanco, sino que el presidente del Frente Anticorrupción retó a Henrique Capriles Radonski a investigar y presentar los nombres de aquellos que incurran con actos que vayan en contra del partido opositor.
A propósito de la noticia sobre el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el cual ubicó a Venezuela entre los primeros países más corruptos del mundo, el presidente de la mencionada asociación civil lamentó esta noticia por considerarla una vergüenza para la política de Venezuela.
Morales felicitó la posición de Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, tras las declaraciones dadas a EL IMPULSO, donde critica la decisión del TSJ y señala que existe un control militar cada vez más evidente.
