De 176 países que se miden en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Venezuela ocupa el lugar número 168, aseguró este miércoles la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
Durante la presentación de esta investigación correspondiente al año 2016, también informó que en lo que respecta al continente americano, el país ocupa el último puesto, tomando en cuenta que son 32 naciones evaluadas.
“Nosotros ubicamos a los países de la siguiente forma, quien obtenga 1 de puntuación es considerado como altamente corrupto y quien tenga 100, como ínfimamente corrupto; Venezuela tiene 17 puntos y el país más cercano es Haití que tiene 20, mientras que Estados Unidos y Uruguay son percibidos como los más transparentes, con 74 y 71 respectivamente”, explicó.
Indicó que el carecer de independencia de poderes y tener como resultado un alto índice de impunidad, aunado a una contraloría que cada vez es más débil en su evaluación, justifica a cabalidad que Venezuela se ubique de último en el continente.
“Cuando los magistrados del TSJ dicen abiertamente que son activistas de la revolución y no árbitros, como es su naturaleza, se demuestra que no hay autonomía y que por lo tanto no están dispuestos a luchar contra personas poderosas que actúan con abusos”, añadió.
De Freitas argumentó su premisa al nombrar el caso Odebrecht como el más emblemático y del que aún las autoridades nacionales no han emitido mayor información. Según dijo, esta empresa brasileña pagó a los funcionarios venezolanos sobornos de 98 millones de dólares, que representan 0.89% de una facturación que alcanza los 11 mil millones de dólares en obras que aún están inconclusas. Aunque manifiesta que la cantidad de soborno genera duda porque es muy baja, aclara que fue el monto admitido por Norberto y Mauricio Odebrecht, quienes bajo una ley de delación premiada decidieron hablar con la verdad y así disminuir su condena.
En ese sentido, adelantó que los fiscales encargados de la Operación Lava Jato informarán en los próximos días sobre el descubrimiento de otras situaciones irregulares, gracias a estas leyes que otorgan beneficio a cambio de que entreguen información, que no solo sirva para repatriar el dinero público a Brasil, sino a todos los países, cuyos funcionarios han sido partícipes de este delito.
Destaca el caso de República Dominicana que por presión popular ha logrado reintegrar 180 millones de dólares, y Perú que recibió 30 millones de soles. Es importante aclarar que en el caso de Venezuela, bajo una licitación “a dedo” le fueron otorgadas 32 obras a Odebrecht, de las cuales 11 están paralizadas, como la línea 5 del metro de Caracas.
Otro caso emblemático
La coordinadora del observatorio de misiones de Transparencia, Desireé González, también señaló otro caso emblemático con el cual se justifica que Venezuela sea el más corrupto en América: la Misión Alimentación.
Desde su creación en 2003 ha recibido 20 mil millones de dólares, es decir, 58 mil millones de bolívares, y ha registrado cuatro puntos de quiebre: el primero de estancamiento y debilitamiento que dio como resultado 160 mil toneladas de alimentos descompuestos; luego la formación de cuatro empresas que agrupaban a 19, cuyo monto entregado para funcionar fue de $8 mil millones, y la implementación de la captahuella.
El tercero se debe a la aparición de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) justo en 2016 y en este punto es necesario mencionar que mientras Lara recibió dos millones de bolívares para ejecutar el plan, Delta Amacuro percibió cinco, teniendo menor densidad poblacional.
De igual forma indica que la Gran Misión Abastecimiento Seguro, ha significado otro punto de quiebre en materia alimentaria, pues aunque el vicepresidente El Aissami aseguró que ya han cumplido con seis millones de hogares, esto no garantiza que con cierta periodicidad los venezolanos reciban los rubros básicos bajo esta modalidad.
En tal sentido, Transparencia Venezuela exhorta a disminuir las rotaciones en las carteras ministeriales, enfocar los esfuerzos en programas que atiendan a los más desprotegidos, descentralizar los recursos y poderes, así como también hacer contraloría, a fin de reducir el índice de corrupción.
