Mediante un comunicado de prensa, el Observatorio Venezolano de la Justicia (OVJ), denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eliminó los controles administrativos de todas las empresas militares.
«Una vez más el Tribunal Supremo de Justicia insiste en actuar al margen de la Constitución y las leyes para darle más poder al Gobierno, aunque en esta ocasión es su Sala Político Administrativa (y no la Constitucional como suele ser), quien con la sentencia N° 1.421 del 15/12/16 rompe con principios básicos de control fiscal, creando una verdadera caja negra en el sector militar», advierten.
Explican que con esta decisión el poder judicial le quita la potestad de control a la Contraloría General de la República sobre los entes adscritos al Ministerio de la Defensa y se lo da a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
«Es decir, la sentencia establece que el Ministerio se autocontrola en su gestión empresarial», critican.
El observatorio resalta además que esta sentencia es producto de un recurso de interpretación de la Procuraduría General de la República, entiéndase del propio Presidente de la República, «ya que aquella ha estado actuando en los últimos tiempos para defender sus intereses y no los del país», y en este caso le solicita a la Sala Político Administrativa que “se interpreten las funciones de control que ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre las unidades de auditorías internas de los órganos y entes adscritos al sector Defensa”.
«La pregunta formulada puede parecer inocente, pero las consecuencias de la respuesta dada por el TSJ demuestra que no lo era y la verdadera intención de esta solicitud, era eliminar del control fiscal a las empresas del sector militar, así como a todos sus entes que manejen recursos del Estado, que como sabemos cada vez son más y en sectores cada vez más estratégicos, como la Compañía Anónima Militar de la Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg)», asegura el OVJ.
Igualmente, califican como «sorprendente» que la sentencia admita que no existe norma legal o constitucional alguna que avale el otorgamiento de este control externo a la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, «pues sustenta su decisión en un artículo del Reglamento de la misma Cogefanb (Art. 17, num. 7) en el que el contralor de la Fuerza Armada se auto otorga la supervisión, evaluación, orientación y coordinación de las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, competencia que como hemos dicho ni la Constitución ni la ley le otorgan».
La ONG opina que esta decisión trae consecuencias negativas para el país, debido a que el control del gasto público en las empresas militares queda enteramente en manos militares, quedando fuera del control civil que de acuerdo a la Constitución tiene asignada la Contraloría General de la República y además que el órgano que debe controlar tan importante sector, no lo va a hacer más.
