El cobro diferenciado en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos pagados a través de medios electrónicos, en vigencia desde el 20 de diciembre de 2016, genera demoras en las cajas de los establecimientos. Así ocurrió en una de las sedes de Cecosesola de la entidad, donde Carmen Linárez demoró el pasado sábado, en la cola, más de lo habitual. Quienes prestan el servicio de cobranza se mostraban atareados entre precios con el porcentaje habitual de IVA y los del valor beneficiado.
Al respecto fue consultada Rita Betancourt, presidenta de la Cámara de Comercio de Lara, quien expresó que el sector formal comercial, agremiado en el organismo que representa, tras un mes de aplicación, se ha adaptado al decreto, por tanto, no registra efectos negativos del mismo.
“En un principio nos tomó por sorpresa, pero ya todo está superado”, comentó.
Asimismo, fue consultado Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Consumidores y Usuarios (Anauco), quien dijo desconocer si la medida es o no un estímulo al consumidor. Sin embargo, apuntó que el decreto violenta lo establecido en la Ley de Tarjetas de Débito, Crédito, Prepagadas y demás formas de pago electrónico, la cual sostiene que el medio de pago no puede cambiar las condiciones de pago, como ocurre en caso contrario, con el cobro indebido y prohibido de porcentajes adicionales cuando el pago se realiza con tarjeta de crédito; ambos procedimientos serían fuera de ley.
Recalcó la importancia de la estandarización y expresó que la diferenciaciones, favorables o desfavorables, impiden que el tratamiento sea de iguales.
Sobre la hipótesis de que dicha diferenciación se habría aplicado, como parte de un programa para disminuir el consumo de los ciudadanos y con esto la inflación, ya que los sistemas de pago electrónico en Venezuela son deficientes, León Parilli expresó que es “presumible” que esto ocurra, ya que históricamente el funcionamiento de las políticas públicas ha sido afectar la demanda, ante la falta de capacidad para aumentar la oferta de bienes y servicios.
Se refirió a la implementación de captahuellas y otros sistemas que generan colapso y desestimulan el consumo, como también ha ocurrido con el disfrute del cupo de divisas para viaje, cuya demanda ha disminuido, debido a trabas como los exorbitantes precios de boletos aéreos al exterior, permisados por el mismo Gobierno o goce de estos montos a través de tarjetas de crédito con entidades bancarias del gobierno.
Expresó que estas prácticas violentan derechos ciudadanos de los consumidores y usuarios como: igualdad, libertad económica, seguridad alimentaria, adquisición de bienes y servicios de calidad y otros tantos. Lo que a su vez limita las libertades personales del ciudadano, también viola la Constitución del país.
Deficiencia en la adaptación
-La administración pública debe ser lo suficientemente eficiente, como para ofrecer el cobro de impuesto y de índole público, para no causar problemas… Lo que vemos es que todo se hace en los últimos tiempos con una gran improvisación.
Citó la salida de vigencia de los billetes de Bs. 100 y lamentó que no existan canales de información eficientes, al punto de que las instrucciones en ocasiones no son comprendidas, ni siquiera, por los mismos funcionarios, razón por la cual se apela a la interpretación.
