La activación de seis líneas de acción de la Campaña Carabobo 2021 enmarcada en el Plan Patria Segura, presentada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para combatir la inseguridad, los venezolanos deberíamos apostar por su éxito pero esperar los resultados, porque existe la lamentable experiencia del fracaso de más de 20 planes aprobados y puestos en ejecución por el gobierno a lo largo de más 17 años por la administración Chávez-Maduro.
La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales, más los crímenes cometidos por mafias paramilitares, en que han devenido algunos grupos de defensa de la revolución, creados por el gobierno.
Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente ordenó graduar en los próximos meses 10.000 policías y 10.000 guardias del pueblo, y la cooperación del Ejército para intentar de frenar los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo, a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar a la participación del Ejército revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica.
La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al atacar las consecuencias y no corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a millones de marginales y se creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha servido, ni servirá una nueva policía nacional ni la intervención de la Fuerza Armada. Por lo contrario, esa policía y algunos guardias nacionales se han convertido una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos de los integrantes de esos cuerpos policiales y militares en el contrabando, la extorsión y la represión a ciudadanos inocentes.
Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se procede al desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, incluyendo granadas militares, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.
Y como todos los ciudadanos se sienten amenazados por el hampa, no hay dudas de que muchas personas apuestan por el éxito de este último plan de seguridad. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado por reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que devengan. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
