Por razones que todos conocemos, la declaración emanada de la dirección política en materia de elecciones de gobernadores y alcaldes tiene puede tener repercusiones en todos los demás ordenes del sistema institucional público venezolano, incluyendo el ámbito universitario.
Las consecuencias directas e inmediatas de la imposibilidad de renovar sus autoridades para el caso de las instituciones que por ley están obligadas a hacerlo, están a la vista y forman parte del déficit o la ineficiencia que muestra el balance al momento de contabilizar los logros que suelen exhibirse en materia de política universitaria. Una medida de intervención amparada en argumentos jurídicos cuya permanencia en el tiempo revela incapacidad de los autores involucrados y la falta de perspectiva democrática, sobre la base de un supuesto costo político electoral, cuyos daños colaterales se acentúan en los últimos años.
En el decurso histórico posterior a 1958, un rasgo característico en las universidades con ese estatuto legal fue el cumplimiento de tal obligación al vencimiento del período de las autoridades rectorales y de los decanos. Sin obviar, la intervención por la vía del allanamiento a la Universidad Central de Venezuela, bajo el primer gobierno del ex presidente Caldera, con la consiguiente designación arbitraria, el abuso de poder y la Justitificación política del caso.
No obstante, a raíz de la aprobación de la ley Orgánica de Educación, en 1980, y el posterior veto presidencial a la Ley de Educación Universitaria que había sido aprobada por la Asamblea Nacional, la situación ha devenido en irresoluble, en razón del incumplimiento del Artículo 34, numeral 3, de aquella, el cual consagra «el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento.»
Los procesos electorales que se intentaron, obviando este requisito y acogiéndose a la Ley de Universidades vigente, fueron declarados nulos en respuesta a las demandas de inconstitucionalidad planteadas por integrantes de la comunidad universitaria, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Para todos los casos, incluyendo el de nuestra universidad, la medida acordada en las sentencias emanadas de la Sala Electoral, ha sido: suspender el acto de votación, y mientras se reponga el estado de derecho, ordenar que quienes ejercen actualmente dichos cargos queden provisoriamente en la permanencia de los mismos, limitándose a efectuar actos de simple administración.
La Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET, ha resultado la excepción, de hecho, al elaborar su reglamento y realizar elecciones. Mientras tanto esa provisionalidad ha dejado de ser tal y la Sala Constitucional del TSJ, irresponsablemente, contribuye a ello, al no dictar sentencia definitiva, haciéndose eco del absurdo e ignorante argumento que plantea una derrota electoral como negativa para el proceso político de la revolución. ¿Cuántas elecciones hubo y cuál fue la incidencia de lo universitario? En ese interregno, ya aparecen casos de ausencias temporales y absolutas (abandono del cargo y muerte), que complican la situación y tornan más oscuro este panorama.
Cualquier equipo rectoral nuevo al inicio de una gestión universitaria, contemplaría la posibilidad de transitar por la política gubernamental, pero el horizonte para los actuales parece estár marcado por el 2019.
