Genoveffa Coletta, Michele Coletta, Karla Gutiérrez y Jorge Hernández, vecinos de la Urbanización Santa Elena Norte frente al Cardenalito Sur, denunciaron este miércoles 18 de enero lo que ellos catalogan como una “anarquía” y una violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) por parte de algunos vecinos del sector que, “amparados en la premisa de resguardarse de la inseguridad, han optado por cerrar las principales vías de acceso a la urbanización con portones puestos de manera arbitraria, negligente y sin autorización”.
Para ellos, que visitaron la sede del diario EL IMPULSO con la esperanza de que sus querellas sean resueltas con prontitud, “las medidas que están tomando algunos vecinos de la comunidad transgreden el orden del vecindario, atentan contra la integridad y armonía entre los vecinos, y deterioran los bienes del Estado”; más -explica G. Coletta- cuando el artículo 50 de la CRBV es explícito y establece: “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional (…) y, en caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna”, detalló.
Los portones -explicó Gutiérrez- comenzaron a hacerse visibles desde el mes de agosto, obstaculizan el paso a las avenidas España, Italia, Portugal y Francia, y para la fecha se contabilizan 10 rejas instaladas. Lo preocupante -agregó- es que el acceso de los vehículos es limitado, el aseo urbano -por ejemplo- no puede realizar su recorrido y, en el caso hipotético de emergencias, situaciones de riesgo u otras, los vecinos no tenemos escapatoria, estamos atrapados y sin salidas, aseveró.
Ahora bien, los afectados también comentaron que la situación ha sido expuesta ante los entes competentes (despacho del alcalde Alfredo Ramos, oficinas de dirección de planificación y control urbano, Sateca, Autoridad Metropolitana de Trasporte y Tránsito-AMTT, entre otras) pero “hasta ahora, a seis meses de haberse tramitado la primera denuncia, no hemos recibido respuestas por parte de las autoridades”, indicó Coletta.
Por esta razón, el llamado que hicieron los vecinos es a la sensibilización, a la prontitud y a la claridad de respuestas por parte de los organismos competentes. “De otra manera, la problemática será llevada a las instancias judiciales, y se exigirá, hasta el último momento, que se respeten los derechos de todos los vecinos, la integridad física y moral de cada uno de los habitantes del sector (pues ha sido violentada), y el mantenimiento de los bienes y servicios del Estado que ahora, con estos portones arbitrarios e improvisados, han sido expuestos”, concluyeron los afectados.
