El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa no podrán salir del país, ausentarse de su residencia o cambiar de domicilio sin autorización judicial mientras son investigados por presunto lavado de dinero.
El juez Richard Concepción del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria atendió un pedido de la fiscalía que había solicitado esas medidas para evitar la fuga de Humala y su esposa Nadine Heredia, investigados por el presunto delito de lavado de activos en los aportes al Partido Nacionalista en las campañas electorales de 2006 y 2011.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el dinero habría sido enviado por el gobierno venezolano del entonces presidente Hugo Chávez entre 2005 y 2006 y por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en 2011. El lavado de activos se castiga en Perú con una pena de entre ocho y 25 años de prisión.
En varios países del continente se han abierto investigaciones sobre los millonarios sobornos que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios a cambio de obtener licitaciones de obras públicas. En torno de este caso la Procuraduría Anticorrupción de Perú solicitó el testimonio de los últimos tres expresidentes: Humala, Alejandro Toledo y Alan García.
Antes de esta decisión judicial Humala tenía que asistir cada 30 días al juzgado para justificar sus actividades y pasar por un control biométrico.
En un comunicado del Poder Judicial el juez Concepción argumentó que lo dispuesto «es una medida eficaz, cumple con la finalidad del mandato de comparecencia con restricciones de evitar el peligro de fuga y permite un control judicial del investigado».
Agregó que el peligro de fuga se intensificó luego de conocerse que Humala y su esposa habían otorgado poderes notariales a una prima de la ex primera dama para que pueda viajar al exterior con los hijos del matrimonio.
Los peruanos convocaron el jueves a una marcha para exigir que se investiguen los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en Perú.
