Mediante un comunicado público, la Asociación Civil Sinergia, red de organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana, denunció el atropello a la voluntad ciudadana por el desconocimiento de la Constitución y la fractura de la institucionalidad jurídica, por lo que insta al gobierno nacional a restablecer el diálogo y atender la grave crisis que vive el país.
“Ante el sistemático atropello a la voluntad de los ciudadanos por el desconocimiento de la Constitución y la fractura de la institucionalidad jurídica, Sinergia insta al gobierno nacional a seguir el diálogo que él mismo promulga a fin de atender los urgentes problemas que aquejan a todos los venezolanos”, indican.
Igualmente denuncian el perjuicio que a la soberanía popular hacen las recientes acciones tomadas por el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la interpretación no ajustada a derecho de las competencias y atribuciones constitucionalmente determinadas para la Asamblea Nacional, órgano que representa legítimamente a los ciudadanos, por cuanto fue electo por 14 millones de venezolanos.
“Independientemente de su filiación política, los ciudadanos demandaron con su decisión electoral la reactivación de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, para atender urgente y efectivamente los graves problemas que aquejan a todos en el país”, advierten.
Expresan que Sinergia no puede permanecer impasible ante la confrontación entre poderes públicos, lo cual a su juicio, afecta la capacidad de los venezolanos de aportar y participar en la realización del bien común, así como también, imposibilitando el ejercicio a plenitud de sus derechos constitucionales civiles y políticos.
“Apoyamos el diálogo como un mecanismo esencial para superar las diferencias, siempre que se realice bajo la premisa del respeto y cumplimiento de acuerdos que favorezcan a todos los venezolanos”, sostienen.
Con respecto al mandato de memoria y cuenta realizado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, la ONG precisa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 237, establece con carácter imperativo, el deber personal y directo del Presidente de la República de presentar ante la Asamblea Nacional y dentro de los diez (10) días siguientes a la instalación de la misma.
“Esa obligatoriedad obedece exclusivamente, al ejercicio de las funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, atribuidas a la Asamblea en el numeral tercero del artículo 185 de la Carta Magna, que se erige en ejecución directa del principio de legalidad previsto en su artículo 137, cuando dispone: “La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”, explican.
Sinergia finalmente exige a los órganos del poder público, a dar pasos firmes para el logro de los consensos mínimos que deben prevalecer para afianzar una gobernabilidad que facilite a todos, alcanzar y disfrutar por igual de una vida digna, en justicia, democracia y prosperidad.
