Sólo 30 días, desde la fecha de petición, tardará el otorgamiento por parte del Departamento de Desarrollo Urbano Local (DPCU) de Iribarren, del permiso municipal de construcción o Constancia de Adecuación de Variables Urbanas Fundamentales, lo cual representa importantes beneficios para el sector, que podrá hacer frente a trabas como el deterioro presupuestario debido a las tardanzas y efecto inflacionario. Con este ajuste será posible iniciar los trabajos en el referido periodo.
Así lo informó Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción de Lara, quien explicó que para esta reducción en el plazo de otorgamiento se han ajustado los términos de incidencia de la certificación de capacidad de suministro de servicios públicos, como recaudo fundamental, para el cual el propietario del terreno debía esperar “fácilmente entre ocho y diez meses”.
Detalló que esta modificación en el trámite, responde a una inquietud presentada años atrás por el sector a la municipalidad.
La modificación se basa en la implementación de un formato de declaración jurada y notariada, mediante la cual el propietario de la construcción se compromete a que transcurrido 30 días de solicitud de dotación de servicio a las empresas Hidrolara y Corpoelec, de no haber repuesta, asumirá la responsabilidad de los mismos, apegado al marco legal y jurídico de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, Gaceta Oficial Nº 33.868 de diciembre de 1987, en su artículo 84, el cual expresa el deber de los organismos públicos de servicio de responder sobre la capacidad de suministro por escrito. Al haber incapacidad, el articulado establece entonces que el propietario puede proponer soluciones o alternativas, lo cual incluye la prestación privada del servicio, con base en la ley.
-Antes de esto, estábamos de manos atadas, porque hasta que no nos daban repuesta de dotación de servicio, no podíamos solicitar el permiso. Ese era un requisito… Ese tiempo nos afectaba de manera importante, porque la inflación se comía nuestros presupuestos.
En la actualidad, para introducir el expediente para el permiso, la contratista sólo sede anexar copia de la solicitud de garantía del servicio, a fin de demostrar que se encuentra a esperas de respuesta.
Mendoza sostiene que dicho ajuste representará un “respiro” para el sector, que sólo en obras privadas registra un 95% de paralización. Sin embargo, instó a las empresas prestadoras de servicios públicos a brindar cada vez un mejor servicio y a sumarse a este trabajo en conjunto para recuperar el sector construcción y las fuentes de empleo en la entidad.
El presidente de la Cámara de Construcción de Lara dijo “aplaudir” la actuación de la alcaldía de Iribarren, el director Diego Mendoza y el alcalde Alfredo Ramos, sobre este respecto. Asimismo, agradeció el apoyo y trabajo de la arquitecta Zulay Briceño y del actual director del DPCU, Daniel Peñaloza, a objeto de concretar dichos ajustes con base en la ley.
La tramitación
Las promotoras de construcción ahora deberán completar una planilla de solicitud, junto con planos, memoria descriptiva, estudios de suelo y otros informes técnicos, acompañado con la solicitud de garantías de servicio, para entregar ante DPCU. Cancelarán los aranceles estipulados. De no haber respuesta en 30 días por parte de los entes prestadores del servicio, DPCU generará las variables urbanas fundamentales y la constructora podrá ejecutar la obra. Se mantiene el compromiso notariado por parte de la promotora.
