El Palacio de Miraflores, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Nunciatura Apostólica y varias vicepresidencias, son algunas de las instancias visitadas hasta ahora por los adultos mayores organizados que claman por la publicación en gaceta de la Ley del Bono de Alimentación y Medicamentos, aprobada en marzo del año pasado por la Asamblea Nacional.
El texto jurídico fue el único, del lote de leyes aprobadas por la AN el año pasado, declarado constitucional por parte del TSJ y por lo tanto ha debido publicarse en Gaceta Oficial en mayo de 2016.
Ante el silencio y la inacción gubernamental, el diputado suplente de la AN, Arnoldo Benítez, señaló que se iniciaron distintas actividades de calle con las que buscan presionar al presidente Nicolás Maduro, para que ordene el “ejecútese” de la norma que va en pro de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.
“El presidente no ha la sancionado y de acuerdo con la Constitución, una vez que el TSJ fijó su posición sobre la constitucionalidad de la ley, en 5 días debió publicarse en Gaceta y comenzar a ejecutarse, cosa que no ha hecho y por eso está en mora y desacato”.
El diputado, quien además es miembro de la Comisión de Desarrollo Social, visitó EL IMPULSO tras una reunión realidad en Barquisimeto, en la que se informó al sector cuál es la deuda del Estado Venezolano hacia ellos. El encuentro fue promovido por el Comité de Pensionados y Asociaciones de Jubilados del estado Lara, así como por la Alcaldía de Iribarren, en la persona de Humberto Agudo, director de la División de Servicio Comunitario.
Contó que los adultos mayores del país enfrentan una gran cantidad de problemas porque han sido desasistidos y muchos de ellos están imposibilitados para acceder a la pensión.
“La Ley del Bono de Alimentación y Medicamentos fue aprobada en segunda discusión el 30 de marzo, el cuestionamiento de esta y otras leyes ante el TSJ ocasionó un retraso, pero ahora el instrumento está en manos del presidente Maduro”, detalló.
En su pronunciamiento el TSJ pidió un informe sobre la viabilidad económica, el cual según Benítez fue elaborado por la Comisión de Finanzas y consignado ante el máximo tribunal en el mes de mayo de 2016.
“El diputado José Guerra estableció que con un pequeño porcentaje (entre 2 y 15%) de los ingresos de la renta petrolera se podría pagar el bono de alimentación, llenar las farmacias de medicamentos y los hospitales de insumos, sin utilizar un centavo del presupuesto nacional, pero estas son fechas que no se ha hecho nada”.
Ley engavetada
Según el diputado, el artículo 86 de Constitución ordena a la AN la elaboración de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y eso se cumplió en la primera gestión de esa instancia. Fue publicada en Gaceta Oficial número 37.600, del 30 de diciembre del año 2002, “acaba de cumplir 14 años engavetada. Es una deuda desde hace 14 años… la idea es que todos se animen a reclamar”.
Destacó que hace 5 años desde el sector introdujeron una demanda ante el Tribunal Supremo, para lograr que se ejecute esa ley.
“La respuesta del entonces presidente Hugo Chávez fue la creación de la Misión Amor Mayor, que no ha resuelto los problemas… por eso nuestra demanda sigue activa ante el máximo tribunal. Además se pidió que le devuelvan dinero a los adultos mayores que pagaron para ser incluidos en el sistema de pensiones, dado que ese cobro fue ilegal e inconstitucional”.
Benítez cree que dicha ley no ha sido ejecutada porque “lleva intrínseca la eliminación del IVSS”.
“Dicen que hay 3.300.000 adultos mayores que cobran pensiones, pero esa lista está oculta, por ende no se puede hacer una contraloría efectiva”, denunció.
Combo para la vejez
Además del bono de alimentación y los medicamentos, hace diez años Benítez comenzó a trabajar en pro de la ejecución del denominado combo para la vejez que agrupa: salario mínimo, bono de alimentación y medicamentos.
Esto se debe a que “existe una gran cantidad de adultos mayores que no poseen ningún tipo de ayuda, están excluidos del sistema de seguridad social”.
Los artículos 80, 83 y 86 de la Constitución son claros, dijo: el primero habla de que la pensión no puede ser menor al salario mínimo, el segundo establece que la salud es un derecho fundamental y es obligación del Estado, y el último indica que quien no tuvo capacidad contributiva no puede ser excluido del sistema de seguridad social.
“Existen personas que toda su vida realizaron trabajos por cuenta propia: jardineros, taxistas, mecánicos, que nunca cotizaron pero al llegar a la edad reglamentaria carecen de asistencia. Y la culpa de esta situación es del Estado venezolano que nunca, en toda su historia, implementó alguna vía o mecanismo para que estas personas pudiesen y puedan cotizar. En otras naciones del mundo, todos reciben su pensión porque se tomaron previsiones”.
“Las amas de casa también se encuentran desasistidas y por su contribución a la familia como núcleo de la sociedad tienen derecho a estar amparadas. Hay más de 1.000.000 de adultos mayores en estas circunstancias”.
