Con la presentación de la memoria y cuenta del presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela ha sido convertida en un Estado autoritario, militarista y judicial.
La afirmación fue hecha por el profesor Pedro Pablo Alcántara, exdiputado de la Asamblea Nacional, quien señaló que los poderes investidos de soberanía son: uno, el Legislativo, porque representa la transferencia de la población, de sus derechos civiles y políticos a un conjunto de ciudadanos, para que éstos en su nombre lo ejerzan de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. En la última consulta popular determinó que las organizaciones de la oposición venezolana tendrían las dos terceras partes de esa instancia del poder público.
La Constitución establece en el artículo 187 cuáles son las funciones esenciales de control de la gestión de todo el poder público.
Igualmente determina que la Asamblea Nacional tiene el principio de la autotutela; es decir, aquella cualidad que favorece que esta institución revise los actos que de ella emana y pueda determinar su nulidad parcial o total cuando no estén en cumplimiento estricto de la carta magna. Como ya sabemos unos funcionarios denominados magistrados del Tribunal Supremo fueron designados en el 2015 por la antigua Asamblea Nacional. Y al revisar la nueva Asamblea la circunstancia de su designación precisó que ese acto era nulo, basado en el principio de la autotutela.
Y el otro poder investido de soberanía es el presidente de la República. Pero, la propia Constitución determina, a los efectos de control su gestión, que la Asamblea Nacional queda facultada ampliamente en el propio texto constitucional y en otras leyes orgánicas para ejercer esta acción de control.
Para el presidente de la República es obligatorio como funcionario público el artículo 233, según el cual es objeto de control. Este mandato faculta a la Asamblea Nacional, exclusivamente, el abandono de funciones como único cuerpo que ejerce control sobre toda la administración pública.
Hoy lo que observamos es una confabulación de otros poderes, violando la propia Constitución cuando el jefe del gobierno acude al TSJ a presentar de manera irregular la memoria y cuenta.
El TSJ pretende neutralizar competencia de control que tiene la Asamblea en decisiones viciadas de nulidad. Se está conformando así el nuevo Estado autocrático militar y judicial a contravía de la Constitución. Antecedente: el régimen nazi.
