El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló una declaratoria de abandono de cargo del presidente, Nicolás Maduro, que había aprobado la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. La corte revocó también la designación de la nueva directiva del cuerpo legislativo, en una decisión que agudiza la pugna entre los poderes y amenaza con recrudecer las tensiones políticas en el país.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora rechazó el jueves la decisión de la Corte, así como el proceso contra uno de sus principales líderes y la detención de un diputado suplente, y sostuvo que las acciones del oficialismo tendrán «severas consecuencias» locales e internacionales.
Alegando «desacato al Poder Judicial», el máximo tribunal del país anuló la declaratoria de abandono del cargo de Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales, aprobado por la mayoría opositora a inicios de semana. También revocó la elección de la nueva directiva parlamentaria, indicó en un comunicado el miércoles la instancia judicial.
La corte también autorizó a Maduro a presentar su informe anual de gestión en los próximos días ante el Tribunal Supremo de Justicia, considerado como afín al gobierno. La legislación venezolana establece que el documento debe entregarse ante la Asamblea Nacional.
La Sala Constitucional de la Corte dijo haber modificado los términos de presentación del informe ante la imposibilidad del Congreso de realizar «actos válidos», lo que plantea una «omisión inconstitucional».
El Tribunal Supremo ordenó a los congresistas opositores que desistan del desacato al Poder Judicial y la «violación» de las normas constitucionales, según el comunicado, y advirtió que esas acciones podrían acarrearles responsabilidades.
La Asamblea Nacional quedó a inicios del año pasado bajo control de la oposición tras 17 años en manos del oficialismo, lo que desató un enfrentamiento entre los poderes públicos. El Tribunal Supremo ha anulado la mayoría de las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo en ese periodo.
Por otro lado, la oposición podría quedarse sin una de sus principales figuras de cara a eventuales elecciones, después de que el gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, anunciara el miércoles que la Contraloría General le abrió seis procesos administrativos por los que corre el riesgo de ser inhabilitado políticamente.
Asimismo, el vicepresidente Tareck El Assami anunció la víspera la detención del diputado suplente del partido Voluntad Popular, Gilber Caro, acusado de tener en su poder un fusil, 20 cartuchos de bala y tres barras de explosivo plástico C4.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, condenó el jueves el proceso contra Capriles y el arresto de Caro y dijo en su programa de una radio local que la decisión del Tribunal Supremo representa un «desconocimiento del poder legislativo» que tendrá «severas consecuencias» en el país y el exterior.
En la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición iniciada en octubre del año pasado se estableció una tregua entre los poderes públicos que terminó dos meses después, cuando la mayoría opositora aprobó la declaratoria de responsabilidad política de Maduro por la situación que enfrenta el país. Venezuela se encuentra sumida en una compleja crisis económica dominada por una desbocada inflación de tres dígitos y severa recesión.
Los facilitadores del proceso de diálogo propusieron para el 13 de enero un encuentro entre las partes, pero la oposición descartó que vaya a asistir, alegando que el gobierno ha incumplido los acuerdos de la mesa.
