“Es una locura. Ahora todos los precios aumentarán”, dijo una dama jubilada que recibe pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), al enterarse el pasado domingo, que el presidente de la república, Nicolás Maduro decretó 50 % de ajuste del salario mínimo para pasar este de Bs. 27.092, vigente desde el 1º de noviembre del pasado año, a Bs. 40.638, 15, vigente a partir del 1º de enero de 2017.
Pero el decreto no le genera calidad de vida, por el contrario ocasiona en ella preocupación, así como en otros tantos venezolanos. “La calidad de vida no se decreta, se logra con una mejor economía y con menos inflación”, comentó.
Sobre esta práctica continua de aumentos salariales, que se ha convertido en política del Gobierno, fueron consultados los representantes nacionales de dirigencias sindicales del país, quienes criticaron, que el incremento se realice de manera aislada, sin políticas antiinflacionarias que propicien estabilidad económica, a fin de que haya una verdadera protección de los ingresos.
Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), expresó que se trata de “una medida unilateral grave”, puesto que en los años de gobierno de Maduro se ha ajustado el salario casi 1.800 %, puesto que de 2013 a 2017 ha pasado de Bs. 2.972,95 a más de Bs. 40.000. “Esto no es algo para celebrar, es síntoma de una situación bien crítica, porque el Gobierno no ha podido controlar la inflación y básicamente eso ocurre porque ha tomado medidas económicas y ajustado salarios por razones políticas”.
-Lanza los incrementos salariales sin medidas que contengan la inflación. Por eso pensamos que son decretos populistas que se convierten en sal y agua.
Carbone desmintió que se haya mejorado el ingreso de los venezolanos, ya que la Canasta Básica Familiar actual sobrepasa los Bs. 600 mil y el ingreso de los ciudadanos, sumado el monto por bono de alimentación de Bs. 63.720, apenas representa Bs. 104.358,15.
Por su parte, José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), acotó que el incremento salarial en sí mismo no es el único generador de inflación. Existen una serie de factores alrededor que también la estimulan y que el Gobierno sigue sin controlar.
-Aquí no hay mecanismo para combatir la inflación y es su responsabilidad como Gobierno y como el patrono mayor. Tampoco se cuenta con políticas para combatir la especulación y el hecho de que fije precios, no significa que sean justos, lo que hace que disminuya la oferta y aumenten las prácticas especulativas… Se requiere de medidas complementarias para que el empresario de buena voluntad ponga a producir sus empresas, genere oferta y empleo.
Agregó que tampoco existe una política cambiaria sana, que forje confianza para atraer inversión, y que la inflación es alimentada por el dinero de emisión inorgánica.
A pesar de no contar con cifras oficiales, Torres apuntó que la inflación estimada para 2016 fue del 600 %, lo cual generaría una pérdida del valor real del salario de los trabajadores superior al 1.000 %. En este sentido, apuntó que la política de incremento salarial trimestral tampoco atiende a las características de un mecanismo de compensación, ya que el ajuste reciente a penas fue del 50 %.
No alterar el bono tiene sus razones
Esta vez el Presidente no incrementó el bono de alimentación, como también se había hecho costumbre, a los niveles de bonificar el salario. Sobre este respecto, Carbone reiteró que el ajuste salarial únicamente “tuvo como intención, desviar la atención del conflicto entre Gobierno y oposición”.
-Pude notar una pequeña rectificación al intentar recomponer el salario, porque lo había bonificado (el Presidente), pero es tarde… En ese entonces la intención fue generar menores gastos para la administración pública, porque el Gobierno es el mayor patrono del país y aumentar el salario, como lo hizo con el ticket de alimentación, genera muchos pasivos laborales.
Apuntó que debido a la alta rotación de trabajadores en la administración pública, tales incrementos demandan importante cantidad de recursos. “Esto permite que un trabajador nuevo, recién llegado, reciba prácticamente los mismos beneficios de quienes tiene más de 15 años, porque a uno le van a pagar 104 mil (bolívares) y al otro 120 mil (bolívares) si se suman los tickets y con base a la escala pública. Las políticas del Gobierno son una desgracia. Son hechas a los trancazos y sin consulta”.
Calificó el ajuste del bono de alimentación como una “bufa estrategia” y como una medida “capitalista”.
Estas medidas violan el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Venezuela, referido a la fijación del salario y el deber de discutir este con organizaciones sindicales y empresariales si existieran en el país.
Vale destacar que en la actualidad, el ingreso en dólares, con base en la tasa libre, es de poco menos de $ 30, incluido el bono de alimentación.
Torres, por su parte, expresó que la central que representa no rechaza ningún aumento salarial, pero desaprueba la manera irresponsable cómo se han adoptado, sin medidas de fondo, que permitan recuperar el valor real del sueldo para estabilizar la economía venezolana.
En complicidad con el Gobierno
Carbone calificó la medida como populista y acusó a la empresa privada de tener complicidad con el Gobierno para “sacarnos el dinero de los bolsillos”, ya que en la actualidad artículos antes marcados o controlados, registran incrementos sustanciales de precios que limitan aún más al venezolano, a pesar del ajuste de ingresos. “Permiten que suban los precios de los productos, sin aplicar políticas que controlen la inflación”.
Apuntó que el Gobierno también ha permitido que despidan a trabajadores de empresas públicas y privadas, “sin recordar que el país se construye de abajo hacia arriba”.
Por su parte Torres, destacó que la reunión de ayer con los empresarios es una práctica negativa del Gobierno. Señaló que no es garantía de recuperación productiva para el país, ya que “una cosa es lo que dice (Gobierno) y otra la que hace”.
Agregó que a estas discusiones deben también convocar al sector laboral, a fin de diseñar políticas conjuntas que estimulen la economía del país. “El Gobierno no puede pretender que esta crisis la lleven sólo los trabajadores a cuestas”.
Consecuencias inevitables
Los representantes de la masa laboral no negaron la posibilidad de que este incremento se convierta en cierre de empresa, aumento del desempleo y de la informalidad en el país.
Al respecto, Torres criticó que el Presidente se refiera a las aspiraciones del Gobierno de reducir la tasa de desempleo a 4,5 %, pero no haga referencia a las cifras oficiales de 2016, las cuales tampoco son dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Ante la ausencia de números gubernamentales, dijo hacerse de estadísticas de instituciones universitarias y privadas, que citan para Venezuela una tasa de desempleo del 18 % actualmente.
También se refirió a los niveles de informalidad aludidos por el Gobierno para este 2017, que se estima sean del 30 %, al tratar de subir la formalidad a 70 % de la población. No obstante, el movimiento laboral toma cifras privadas que estiman el indicador por encima de 50 % en el presente.
Acotó que el cierre de empresas estimula la tasa de informalidad en el país. “Este año será sumamente conflictivo, porque ante la falta de herramientas los niveles productivos seguirán siendo menores… El costo de los salarios es algo que no todas las empresas podrán soportar”.
A juicio de Carbone la manera de “poner orden” en materia laboral y económica, es que “el Gobierno ponga un alto a sus políticas absurdas” y que “se entienda con los sectores en una mesa de discusión tripartita”.
Más importante que el salario mínimo
A juicio de Carbone, el pago del Contrato Colectivo Marco de la Administración Pública es más importante que el ajuste de salario mínimo. Sin embargo, por incumplimiento del instrumento, los trabajadores dejaron de percibir 30 % de bono de fin de año correspondiente a la homologación de los beneficios del sector.
Agregó que se vulneran numerosos factores que a su vez fortalecen el salario, beneficios “ganados en lucha sindical y no impuestos por el Gobierno”.
El constante ajuste salarial ha hecho que los contratos colectivos de empresas públicas y privadas se realicen de manera menos rígida y más “abierta”, ya que es “imposible” discutir y disfrutar de estos porcentajes debido a la política continua de ajustes del Gobierno”.
-Quisiéramos que los empleados públicos tuvieran estabilidad, pero el Gobierno controla todo, hasta los bota y cierra empresas.
Carbone acotó que el referido ajuste es de obligatoria e inmediata aplicabilidad en los sectores públicos y sus tabuladores. No obstante, resta que el Gobierno Nacional envíe eficiente y oportunamente los recursos para asumir la diferencia en el pago de nóminas.
Es de destacar que la nómina pública es de 3.500.000 empleados.
Trasfondos de la medida
Carbone se atrevió a señalar que el incremento salarial atendió a presiones militares.
“Ellos hicieron sus negociaciones con productos que adquirieron a dólares en 10 bolívares (Dipro), los cuales venden a tasa libre… Los productos se quedaron fríos y esta es una manera para que se los compren”.
Criticó que la AN ni el mismo gobierno castiguen a quienes especulan con este tipo de prácticas.
En tal sentido, refirió que Venezuela no necesita de medidas populistas sino de un sistema que realmente proteja los salarios.
