La noticia es terrible. Diez mil quinientos niños murieron en hospitales durante 2016. La mortalidad de niños menores de un año va para arriba, al revés de lo que ha sido la tendencia histórica, en un retroceso que equivale a diecinueve años. En denuncia de la Red Defendamos la Epidemiología, hace tres años, fallecían 14.7 niños por cada mil nacidos vivos. El año pasado el dato llegó a 18.7.
El golpe lo reciben los más vulnerables entre los venezolanos vulnerables, los recién nacidos, los niños que no llegan al año. Puede decir lo que quiera quien hasta el miércoles fue ministra de Salud, cuya credibilidad rodó, lo mismo que la de sus antecesores y antecesoras, elenco numeroso y de triste recordación que no sé si dolosa o culposamente, ha desmontado la política de salud pública del Estado venezolano y desprofesionalizado el sector, agravando a niveles críticos problemas que venían, lo mismo que un deterioro progresivo, y acerca de los cuales llamamos la atención desde el parlamento, en los años noventa del siglo pasado, cuando allí representaba a nuestra región.
Desde la Asamblea Nacional los diputados, en particular el joven médico varguense José Manuel Olivares como antes lo hizo su colega y paisano Bernardo Guerra, han insistido en llamar la atención sobre los problemas de la salud y sus soluciones, pero el gobierno ha preferido no hacerles caso. Acuerdos y proyectos aprobados y, ante ellos, indiferencia.
Se supo también que las reservas internacionales cayeron 48.85% durante el año pasado, el cierre más bajo en el nivel de reservas desde hace veintiún años. La diferencia es que entonces los precios internacionales del petróleo andaban en niveles muy bajos, entre dieciocho y diez dólares, mientras hoy acabamos de salir del ciclo petrolero más alto y prolongado de nuestra historia, sobre cien y ahora que ha bajado bastante ronda los cuarenta. Las viudas humanas valen más que todo el dinero, pero la escasez de divisas está pesando, entre otras cosas, en el abastecimiento de medicamentos, equipos e insumos clínicos.
El gobierno cambió la legislación del Banco Central para tener las manos más libres. La Asamblea reformó esa norma y su acto fue tachado por los rojos como inconstitucional, contra revolucionario e inmoral.
Diputados como José Guerra, Alfonso Marquina y Rafael Guzmán se han significado a favor de un manejo sobrio, sensato de la moneda y las finanzas públicas. A lo cual Maduro se ha negado de plano. Porque no acepta el control parlamentario.
El presidente Maduro optó por desconocer el poder distribuido que pauta la Constitución y mediante diversas maniobras abusivas, con la cooperación indebida del TSJ. Así, se ha impedido el funcionamiento constitucional del sistema en perjuicio de los venezolanos. El resultado es conocido. Junto a la incertidumbre político-institucional y la inseguridad legal, nada ha mejorado en la vida de las personas.
La concentración de poder y las decisiones incontroladas han empeorado el abastecimiento, agravado la escasez, aumentado la inflación, extendido la corrupción. Se equivoca el Presidente al negarse a la responsabilidad compartida constitucional. Su error lo paga el pueblo. Muy caro.
