Colombia instó este miércoles al Gobierno y la oposición venezolana a reanudar la tercera sesión de la mesa de diálogo, evento que tiene pocas posibilidades de ocurrir debido a la postura de la alianza opositora, que se niega a retomar las conversaciones con las autoridades a las que señalan de incumplir los acuerdos del proceso.
La tercera sesión de la mesa de conversaciones está paralizada desde el mes pasado, por lo que el gobierno colombiano planteó que el diálogo debe ser respaldado por todos los venezolanos “como única alternativa” para lograr los acuerdos y soluciones que requiere el país, señala un comunicado que difundió este miércoles la Cancillería de Colombia.
Bogotá celebró las recientes liberaciones de algunos opositores y exhortó a continuar con los acuerdos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la normatividad legal de las personas detenidas.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora en Venezuela, Jesús Torrealba, ratificó este miércoles que la Mesa de la Unidad Democrática no restituirá el 13 de enero los diálogos con el gobierno hasta que cumplan los acuerdos del proceso.
La alianza opositora sostiene que el oficialismo no acató el compromiso de fijar un cronograma electoral, no liberó a los llamados “presos políticos”, no abrió un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas del exterior, y mantiene su postura de enfrentamiento y desconocimiento de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Torrealba pidió al Vaticano y al grupo de expresidentes extranjeros que están facilitando el proceso que visiten el país próximamente para verificar lo anterior. Y aunque el dirigente consideró como una buena señal la reciente liberación del excandidato presidencial Manuel Rosales, quien era procesado por corrupción, y otros seis opositores, recordó que aún quedan 126 “presos políticos”.
Desde inicios de diciembre se paralizó la mesa de diálogo debido a mutuas acusaciones sobre el incumplimiento de los acuerdos. Los facilitadores propusieron una reunión para el 13 de enero para retomar las conversaciones que arrancaron a finales de octubre.
Luego de casi un mes de conversaciones, la oposición y el oficialismo terminaron en diciembre una tregua cuando la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró la responsabilidad política de Maduro por la crisis, lo que crispó tensiones.
La decisión del Congreso fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, que es señalado de estar controlado por el gobierno.
De forma sorpresiva, el máximo tribunal ratificó como directoras del Consejo Nacional Electoral a dos exmiembros del partido oficialista, dejando sin efecto uno de los acuerdos de la mesa de diálogo, que contemplaba la elección de mutuo acuerdo entre las partes de las autoridades electorales.
