La organización civil Súmate, recordó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya tiene un año de haber recibido una solicitud de impugnación por parte de algunos candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico sobre la totalidad de los escaños de la Asamblea Nacional electos en el Estado Amazonas, y hasta la fecha no han tomado decisiones que resuelvan el caso.
Mediante su publicación mensual, «Monitor Electoral», la ONG asegura que los derechos fundamentales del pueblo de Amazonas están siendo vulnerados ya que un amparo cautelar aprobado por el poder Judicial, no permite que los diputados electos sean incorporados al poder legislativo.
«Con esta decisión de amparo cautelar y la demora del juicio por más de once meses, los cinco magistrados de la Sala Electoral del TSJ han lesionado el principio democrático de la soberanía popular y la participación política de los 160.548 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Estado Amazonas para las Elecciones de la Asamblea Nacional, así como de los 694.561 electores de la Representación Indígena de la Región Sur a la que se refiere el artículo 179.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales», advierten.
Igualmente señalan que esta acción de la Sala Electoral del TSJ, «atenta contra la representación nacional y, por ende, la legítima y democrática representación del pueblo en su papel de mandante y legislador».
Asimismo recuerdan que el único precedente de impugnación de elecciones con la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) fue la Elección Presidencial del 14 de abril de 2014, en la cual la diferencia de votos entre los dos principales candidatos fue de 223.599, al obtener el Presidente Nicolás Maduro 7.587.579 votos que representó el 50,61 por ciento, y el Gobernador de Miranda Henrique Capriles 7.363.980 votos, para un 49,12 por ciento.
En este sentido, puntualizan que los recursos de impugnación introducidos por Henrique Capriles Radonski y la Mesa de la Unidad Democrática en la referida oportunidad, fueron resueltos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en menos de 3 meses y los mismos fueron declarados inadmisibles.
