En el año 2016 se profundizó la crisis penitenciaria en el país, lo que afecta directamente a más de 95 mil privados de libertad quienes sucumben ante la mirada inerte del gobierno nacional.
Dicho pronunciamiento fue realizado por el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, quien realizó un balance sobre la delicada situación que atraviesan las cárceles en nuestro país.
“Esta situación es realmente alarmante, pasó un año más y nadie hizo nada al respecto. Es por esta razón que una y mil veces preguntaré ¿Cuántos muertos más debe haber en las cárceles para que el Gobierno tome cartas en el asunto? Más de 45 mil presos sobreviven en los centros de detención preventiva, donde el hacinamiento, la insalubridad y el ocio atentan descaradamente contra sus derechos humanos”, sentenció.
El también abogado explicó que la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, no pasa solamente por denunciar las irregularidades y emitir recomendaciones al Estado venezolano, pues en el año 2016 el OVP efectuó un exhaustivo trabajo de campo para que los organismos internacionales conocieran con pruebas irrefutables sobre cuál es la situación de las cárceles venezolanas, así como también se recolectaron medicinas para cientos de reclusos enfermos que no han recibido el tratamiento adecuado.
“En Venezuela se requiere con urgencia de un plan de construcción de nuevos centros penitenciarios, lo cual además es otra de las promesas incumplidas de la ministra Iris Varela, quien desde el inicio de su gestión prometió que construiría 24 centros de reclusión para reclusos procesados en Caracas, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Zulia”, dijo.
En este sentido, acotó que los espacios para la recreación y esparcimiento de los privados de libertad están repletos de construcciones improvisadas para pernoctar e incluso en algunos penales deben turnarse para dormir porque no caben todos en un mismo pabellón.
“Existe una verdadera necesidad de implementar un plan para el descongestionamiento de las cárceles, pues el plan Cayapa solo se ha tratado de un complot para que los privados de libertad renunciaran a su derecho a la libre defensa y de asumir hechos. Evidentemente no existe voluntad política para tomar las medidas y si no existe, simplemente Venezuela no prestará un servicio penitenciario que permita la reinserción en la sociedad”, precisó.
Prado enfatizó la necesidad de crear un Plan Nacional Penitenciario, el cual debe establecer mecanismos para la asistencia carcelaria, pues entre tanta desidia las cárceles no cuentan con personal exclusivamente técnico, tal como lo establece la ley.
“En Venezuela queremos tener un sistema penitenciario que no solo se encargue del servicio al privado de libertad, de cuando entran y salen del penal, sino que además se deben garantizar medidas cautelares para que la persona sea enjuiciada en libertad. La prisión es tan contaminante que lamentablemente la persona que entra termina graduándose en estas universidades del delito, y es por esta razón que en el 2017 continuaremos luchando por los derechos de todos los privados de libertad y sus familiares, quienes han sido olvidados por el Sistema pero cuentan con el apoyo de los defensores de derechos humanos, sin importar el riesgo que corren nuestras vidas por el constante asedio y amenazas”, finalizó.
