El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), que debiera cesar el 31 de diciembre del presente año, se mantendrá en vigencia hasta que sea elaborado y aprobado otro; pero, no en noventa días como pretenden los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que conforman la mayoría del Concejo, que se haga.
Así lo declaró en rueda de prensa el director general de la alcaldía de Iribarren, Diego Mendoza, quien estuvo acompañado por el abogado José Emilio Jiménez, consultor jurídico; el Dr. Daniel Peñaloza, director de Planificación y Control Urbano; y el síndico, Dr. Jesús Pérez.
En julio del presente año, los concejales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) propusieron una reforma; pero fue rechazada por la bancada contraria.
Mendoza dijo que los pesuvistas no pueden exhibir una ordenanza durante el año y señaló que estos concejales se han empeñado en obstruir la gestión del alcalde Alfredo Ramos.
En este orden de ideas manifestó que estos concejales pretenden establecer una alcabala en lo que concierne a los permisos que debe otorgar la alcaldía a las personas que necesitan los servicios del municipio.
Tomando en consideración la necesidad de modernizar la gestión pública, el alcalde Ramos ha tomado dos decisiones muy importantes para dinamizar el desarrollo urbano y garantizar la normalidad en el municipio.
A tal efecto, en primer lugar, a partir del 2 de enero se le otorga la competencia a la Dirección de Control de Planificación Urbana de tramitar permisos para la actividad económica.
Y a la Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano se le confiere la competencia de los permisos para construcción y demolición.
Estas medidas están destinadas a mantener la vigencia del PDUL hasta tanto se puedan establecer los estudios que promuevan un nuevo Plan de Desarrollo Urbano Local.
Con estas decisiones se simplifican los lapsos para las actividades que puedan cumplir las personas que requieran de esos permisos destinados a actividades económicas y de construcción.
Mendoza resaltó la importancia que tienen las medidas a tomar, por cuanto Barquisimeto se coloca como la primera ciudad en el país en que puede otorgar permisos con mayor celeridad en ambas materias ya mencionadas.
Sólo bastará 48 horas para que se otorgue la licencia para la actividad económica y apenas 30 días para el permiso de construcción.
De esta forma se está garantizando el desarrollo urbano en forma normal y, por supuesto, impulsando las actividades que permitan hacer de Barquisimeto una ciudad mucho más moderna y activa.
Por su parte, José Emilio Jiménez dijo que se mantiene la eficiencia apoyada en razones jurídicas.
En otras palabras, todos los trámites tendrán seguridad jurídica, ya que las acciones que se están diseñando están basadas en criterios profesionales.
Además se han tomado en cuenta planteamientos de los gremios de constructores y del propio Colegio de Ingenieros del estado Lara.
Las decisiones que se están tomando tienen como objetivo evitar la anarquía que, precisamente, es lo que está promoviendo la bancada pesuvista en el Concejo.
El síndico, por su parte, manifestó que todo lo que se está haciendo se apoya en bases legales y constitucionales.
No es posible que se haga un PDUL en 90 días como ha expuesto el PSUV, porque eso no es soplar y hacer botellas.
Un Plan de Desarrollo Urbano Local requiere de estudios, análisis y consultas a diversos sectores, porque se trata de establecer lineamientos para una ciudad que está creciendo y debe crecer en armonía.
Comentó que se pretende volver a los tiempos cuando existía la Ley de Régimen Municipal, donde el Concejo tenía facultades sobre la ciudad porque no existía la figura del alcalde, que hoy es la cabeza del Ejecutivo en cada municipio.
Coincidió en esos criterios el director de Desarrollo Urbano, quien fue enfático al resaltar la importancia que tienen las decisiones que se adoptarán para que Barquisimeto pueda desarrollarse plenamente en el marco legal y constitucional que existe. No teme a las críticas que pueda haber.
