El peor año de los últimos seis. El sector inmobiliario del país, registró en 2016 una aguda ralentización de sus actividades tanto de mercado primario como secundario.
José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, comentó que la realidad del sector, al menos en la entidad, se apreció en los registros especializados en el ramo, donde el número de trámites menguó “drásticamente”. Además, una proporción importante de los procedimientos fueron sesiones familiares
Respecto a las cifras que pudieran caracterizar la actividad en el año, manifestó que el sector no cuenta con un balance final. Sin embargo, el gremio registró una preocupante caída.
-Prácticamente se extinguió el financiamiento bancario… Por las restricciones de capital de los bancos, las instituciones no pueden prestar más de un monto determinado, que es insuficiente, frente a los costos de las edificaciones. La inflación se ha comido toda previsión y todos los presupuestos, lo que trae problemas adicionales.
Subrayó que el apartado de nuevos proyectos, registra la paralización más aguda del gremio. “En DPCU (Dirección de Planificación y Control Urbano – Iribarren), han sido tramitados pocos permisos. Tanto así que los de 2016 pudieran caber en una mano”.
En este sentido, agregó que en el mercado secundario el número de compra-ventas sigue en reducción. “Incluso se ven precios, en términos reales, a la baja, vienen cayendo. Eso es reflejo claro de la situación del país… Se puede ver incluso en los clasificados de los periódicos. En comparación con años anteriores el número de publicaciones se ha reducido”.
Expresó que al no haber nuevas ofertas, tampoco hay referencias de costos, lo cual también ocurre con el mercado de alquiler. En tal sentido, mucho de lo que hoy de contrata, estaría fuera de ley, por no ajustarse esta última a la realidad país, ni haber una situación estable.
El presidente de la cámara comentó que el 2017 será un año complicado. Pero, a esto sumó: “Sin embargo, los países no se acaban… y uno tiene que seguir buscando las oportunidades en medio de la crisis. Prepararnos para cuando el país se recupere. No estaremos en crisis eternamente y lo mejor es ver estos años como periodos de preparación, sobre todo en la parte administrativa, porque de no ser así, no estaríamos en el mercado.
Migrar de actividad
El sector no sólo sufre la migración de venezolanos capacitados hacia otros países, sino también a otros ramos dentro de la actividad inmobiliaria, incuso otras labores.
-Este año vimos cómo muchos promotores de trayectoria, se dedicaron a negocios administrativos y comerciales de otros productos y servicios
El gremio también migró en 2016 a nichos en los cuales es posibles invertir en bolívares, sin las restricciones del mercado de viviendas, lo que merma aún más la oferta actual de mercado.
A esto sumó la persecución que ha ejercido el Gobierno nacional a promotores venezolanos sólidos y reconocidos, quienes a pesar de esta y otras trabas se han reinventado y, por los momentos, continúan aportando al sector.
-Afortunadamente parte del grupo sigue sólido, reintentándose, en medio de la situación país.
Deuda pendiente
En materia legal, Alejos destacó que el sector tiene una deuda pendiente. Esta es promover y lograr la derogación de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, la cual solicitan sea sustituida por una ley de preventas inmobiliarias, adaptada a la realidad de mercado.
También proponen una modificación o cambio pleno de la Ley de Regularización de Arrendamiento de Vivienda, debido a la crisis que generó sobre la oferta.
-En la cámara nacional contamos con cálculos que nos dicen que si se modificara la ley o se retomara la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de 2000, inmediatamente se sumarían al mercado 500 mil unidades de vivienda para el alquiler… Pero bajo las condiciones actuales, nadie quiere poner su vivienda en alquiler. Eso significa poner en riesgo un bien.
A esto sumó las afecciones que han tenido sobre el sector en Lara, desde 2012, los decretos de Áreas Vitales de Vivienda y de Residencias (Avivir), que en muchos casos fueron dictados sobre terrenos para los cuales el gremio contaba con proyectos.
-No han terminado (Gobierno) de construir ni siquiera el primero proyecto Avivir decretado y el sector no puede disponer de los terrenos, lo que afecta el derecho a la propiedad privada y desestimula la inversión.
Recordó que sólo en el Triángulo del Este, son afectados tres proyectos de envergadura, que fuesen pagadores de impuesto y generadores de empleo.
A esto añadió el daño de los Avivir sobre otras actividades. Citó el caso de terrenos que solían ser empleados, al centro de la ciudad, como estacionamiento, los cuales muestran plena inactividad.
En materia legal, Alejos criticó la negativo del Gobierno de entregar títulos de propiedad para las vivendas asignadas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
La afiliación incrementa
En la actualidad la cámara agremia de manera activa a 87 afiliados, lo cual calificó como un avance, a pesar de que en 2008 el registro totalizaba 117 afiliaciones.
Tras la ley de Estafa Inmobiliaria, el sector a escala nacional presentó una deserción considerable. Sin embargo, la profesionalización de corredores ha permitido al gremio, incrementar y perfeccionar su actividad.
Alejos subrayó la peculiaridad del gremio de certificar a sus profesionales.
Logros del año
Entre los avances de año, Alejos destacó que en 2016 lograron que promotoras del Triángulo de Este, junto con instituciones como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), firmaran una minuta de acuerdo para la instalación de conectores que aportan megavatios a la zona a fin de calibrar asesores, protocolizar inmuebles y demás necesidades.
Otro de los logros de la cámara, en su 30 aniversario, fue la graduación de 35 personas en el curso Formación Integral de Profesionales Inmobiliarios.
-La idea es profesionalizar nuestro gremio, para que así el mercado cuente con personal capacitado para brindar la asesoría debida en una operación inmobiliaria.
Asimismo, destacó como positiva la reducción del tiempo de trámites de permisos para la construcción, otorgados por la Alcaldía de Iribarren. Esto tras varias peticiones y reuniones de los gremios involucrados con la autoridad local y las direcciones correspondientes.
Esperan que la instrumentación de los permisos, que solían protocolizarse en 45 días, inicie para principios de 2017. Sin embargo, es de recordar que tras negativa de prórroga de la ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), por parte del Concejo Municipal de Iribarren, dichos trámites serían objeto de un vacío jurídico, situación que también denunció y alertó el gremio, junto con otros grupos afectados.
