Las autoridades de la policía política venezolana deben cumplir inmediatamente las órdenes de los tribunales y poner en libertad a las personas que mantienen cautivas ilegalmente, dijo hoy Amnistía Internacional.
De acuerdo con un principio establecido tanto en los tratados sobre derechos humanos de los cuales Venezuela es parte, así como en su propia Constitución, toda persona privada de libertad, tiene derecho a un recurso ante un tribunal competente, imparcial e independiente, que revise la detención y en caso de que se determine la libertad, el derecho a que esa decisión judicial se cumpla sin demora. Las autoridades venezolanas tienen el deber de cumplir con esta obligación.
Amnistía Internacional ha recibido información preocupante de que varias personas que han sido liberadas por los tribunales siguen privadas de libertad. Las autoridades de la policía política argumentan no haber recibido las órdenes de los tribunales aun cuando consta en los expedientes que las boletas de excarcelación fueron expedidas; entre ellos los casos de Yon Goicoechea y José Vicente García, ambos militantes del partido político Voluntad Popular quienes según información recibida por Amnistía Internacional a pesar de contar con medidas de libertad ordenadas por tribunales continúan recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela.
Si bien las autoridades policiales, en determinados supuestos que deben estar previstos por la Ley, están autorizadas a detener a alguna persona, sin orden judicial previa, dichas detenciones no pueden extenderse más allá de lo dispuesto por las leyes respectivas, así como tampoco mantener dichas privaciones de libertad ignorando las decisiones de libertad ordenada por los tribunales.
Al respecto, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades venezolanas que el cumplimiento de las decisiones judiciales es una obligación derivada de los principios del Estado de Derecho y separación de poderes, ninguna autoridad puede mantener privada de libertad a una persona sin orden judicial, y negarse a cumplir con la libertad ordenada por los tribunales, supone una privación arbitraria de libertad. El Poder Judicial debe velar por el cumplimiento de sus decisiones, para que las personas afectadas sean liberadas inmediatamente y los funcionarios que ejecuten o toleren las detenciones arbitrarias deben responder por estas violaciones de derechos humanos.
