Evaluar todas las vías jurídicas disponibles con respecto al laudo dictaminado por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso de la siderúrgica Tenaris S.A. y su filial Talta Trading E Marketing Sociedade Unipessoal LDA, acordó la República Bolivariana de Venezuela.
La información la dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR), organismo que informó este viernes que el referido arbitraje, cuyo laudo fue dictado el pasado lunes, fue iniciado por filiales del Grupo ítalo-argentino Techint, en relación con la nacionalización de la empresa de fabricación de tubería Tubos de acero de Venezuela (Tavsa) y del remanente accionario de la empresa briquetera Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua).
Se explica que durante la disputa legal, la República Bolivariana de Venezuela tuvo «fuertes objeciones jurisdiccionales (…) sobre la ausencia de un consentimiento válido para este arbitraje junto con serios defectos en la notificación de la controversia y la ausencia de una sede efectiva de las demandantes para acogerse a los beneficios de los tratados de inversión suscritos con Portugal y Luxemburgo», explica la Procuraduría.
Sin embargo, Venezuela logró que el tribunal redujera 87 % el monto reclamado por Tenaris y Talta, que pretendían un pago de 861 millones de dólares por compensación e intereses.
De esta manera, el tribunal arbitral del Ciadi, en su laudo final, ordenó cancelar la cantidad de 112 millones de dólares, es decir, apenas 13 % de lo reclamado inicialmente.
Ante esta situación Venezuela ahora tiene la posibilidad de revisarla sentencia, «a fin de evaluar proceder a solicitar la anulación del laudo (…) La PGR, en cumplimiento de su deber constitucional y legal, agotará todos los recursos a su alcance en defensa de los intereses de todos los venezolanos», destaca el organismo defensor de los intereses de la República.
