La ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) pierde validez el 31 de diciembre de 2016. Durante dos años, especialistas en materia urbanística, cámaras, gremios, colegios y la Red de Instituciones Larenses, advirtieron el caos que representa para la ciudad quedar a la deriva en cuanto a regulación urbanística.
En vista de esa realidad, en el mes de julio, ediles de la Mesa de la Unidad Democrática, introdujeron ante la secretaría del cabildo, una solicitud de reforma del artículo 150 de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local, en la cual está establecida la vigencia del estatuto.
El día de ayer en horas de la mañana y tarde se realizó una sesión extraordinaria a puerta cerrada en la Cámara Municipal, al parecer impulsada tras las declaraciones formuladas a EL IMPULSO por parte del abogado Emilio Urbina y el pronunciamiento de los representantes de la Cámara de Industriales de Lara, Cámara Inmobiliaria de Lara, Cámara de la Construcción de Lara, Cámara de Comercio de Lara, colegios profesionales y Red de Instituciones de Lara.
Pese a las múltiples alertas se conoció que los ocho ediles oficialistas decidieron no reformar el artículo 150 de la ordenanza y por ende no prorrogarla. La fracción bolivariana votó un informe presentado por la Comisión de Legislación que preside Martha Leal, que sostiene que el PDUL no se deroga y aunado a ello, le proporcionan un plazo de tres meses al alcalde Alfredo Ramos para que elabore un nuevo PDUL.
Según las conclusiones del informe, votado como acuerdo de cámara, la propuesta de reforma del artículo 150 le permitió a los oficialistas “conocer las verdaderas razones que se escondían tras la propuesta de reforma sugerida y la del instrumento solicitado pues uno, como consecuencia del otro, tenían el fin último de sostener, mantener una estructura y andamiaje jurídico que les permitiera seguir disponiendo de instrumentos jurídicos con los cuales conservar el robo y hurto patrimonial urbano al municipio”.
En ese sentido, la Comisión de Legislación aprobó el informe y todo su contenido y dejó sin efecto la propuesta recogida por la comisión de la fracción opositora en torno a la reforma del artículo 150 de la ordenanza del PDUL, en consecuencia, celebrar el correspondiente Acuerdo de Plenaria que contiene: dejar sin efecto la nueva discusión que se debería dar sobre la ordenanza del PDUL, por considerar que la misma llevaría a legitimar irregularidades detectadas y denunciadas en el informe.
Asimismo se exhorta al alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, a presentar un nuevo PDUL vistas las realidades ciudadanas, urbanas y legales hoy día existentes en el municipio en un lapso no mayor a 90 días contados a partir del 1º de enero de 2017 hasta el 31 de marzo del mismo año.
Voto salvado
Por su parte, la concejal Milagro Gómez de Blavia, afirmó que ante el descabellado Acuerdo de Cámara, los ediles de la alternativa democrática rechazaron el informe presentando por los ocho ediles bolivarianos, por contener múltiples inconsistencias jurídicas.
Gómez de Blavia apunta que tal resolución se dio en el marco de una Sesión Extraordinaria a solicitud de los concejales de la MUD, a fin de ratificar la propuesta de suspensión de los efectos del artículo 150 de la ordenanza vigente que facilitaba evitar las consecuencias de su fecha límite este 31/12/16.
“Se debatió bastante, se argumentó en lo jurídico y en lo urbano, se propiciaron reflexiones, pero fue inútil: se impone la mayoría oficialista por encima de la sindéresis y de lo argumentado a favor de iniciar en el 2017 la discusión de un nuevo Plan, pero no hay compromiso ni conocimientos para abordar esto con la responsabilidad que amerita. En el informe responsabilizan al Ejecutivo municipal y le piden al alcalde un nuevo PDUL en tres meses”.
El voto salvado reza que los concejales Milagro Gómez de Blavia, Oly Mendoza, Joel Mendoza, Ibrahim Querales y Omar Jiménez disienten de la mayoría de concejales que conforman la plenaria en relación a lo resuelto en el acuerdo el 23 de diciembre de 2016, donde precisan una situación antijurídica sobre la no finalización temporal de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) de la ciudad de Barquisimeto.
El texto expone que el legislador local del año 2003 le otorgó a la Ordenanza del PDUL una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, que para el 1º de enero de 2017, jurídicamente el municipio Iribarren se quedaría sin ninguna regulación urbanística lo cual sería el caos.
Entre las nefastas consecuencias, la más relevante sería dejar a Barquisimeto sin norma urbanística alguna, lo que para nada impediría que se levantasen edificaciones o urbanizaciones al margen de toda legalidad por cuanto, no existiría variable urbana fundamental alguna. Esto pone a la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) en difícil posición, ya que, ni pudiera aprobar ni consultas preliminares, constancias de adecuación o de terminación de obras; así como tampoco, pudiera imponer sanciones para aquellos que construyan al margen de la autoridad urbanística municipal.
Entre las imprecisiones los concejales de la MUD destacan que en el informe no aparece el abogado o abogados que lo suscriben lo cual es un despropósito profesional. Además incluye sentencias que nada tienen que ver con el problema real abordado, pues, no se está en presencia de la derogatoria o no de la ordenanza del PDUL sino de su vencimiento.
El que anónimamente elaboró tan elucubrada interpretación, con suficiente carta de naturaleza entre los concejales bolivarianos, confundió los términos derogatoria con cumplimiento de lapsos, pues, una cosa es que la ordenanza nunca se derogaría porque el artículo 218 de la Constitución propugna que la ley sólo se derogan por otras leyes; y otra cosa es que el legislador decida que una ley (en este caso ordenanza), tenga una vigencia determinada y precisa, que verificado el tiempo, deja de estar vigente.
“Estamos en la encrucijada histórica de transformar esta arena pública del municipio Iribarren en una suerte de patíbulo de la legalidad. Y la aprobación del acuerdo, amén de ser una muestra de ignorancia sobre el sistema jurídico nacional, implica que sentenciemos de muerte a los casi 500 años de tradición de ser una de las ciudades con mayor cuidado en su ordenación urbanística. Dejar a una ciudad como Barquisimeto sin normas urbanísticas locales, es un error histórico que traerá consecuencias nefastas para todos los barquisimetanos, sea cual sea su color político e inclinación ideológica. De allí la justificación de nuestro voto salvado”.
