En zonas residenciales podrían construirse comercios por falta de normativa vigente. Representantes de distintos gremios de Barquisimeto, denuncian que a pocos días de culminar el 2016, la Cámara Municipal de Iribarren aún no ha sesionado para, si quiera, modificar el artículo 150 de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), el cual dicta que el vencimiento de la misma se cumplirá este 31 de diciembre.
Por ello representantes de la Cámara de Industriales de Lara, Cámara Inmobiliaria de Lara, Cámara de la Construcción de Lara, Cámara de Comercio de Lara , colegios profesionales y Red de Instituciones Larenses, exhortaron a los concejales del municipio, sin distingo político, a que llamen a sesionar lo más pronto posible y aborden el referido punto.
Luis Marín, director de la Cámara de Industriales de Lara, subrayó que de no ser así, se corre el riesgo de que la ciudad quede sin PDUL, instrumento que detalla el ordenamiento o zonificación de la urbe a largo plazo, en materia de construcción, por ello quizás, Barquisimeto ha destacado como una de las ciudades más organizadas del país.
-Es muy delicado quedarnos sin PDUL, porque al vencerse la ordenanza el plan no tienen aplicabilidad. Pedimos que al menos se apruebe la reforma del artículo 150, que es la única alternativa posible, para así mantener la vigencia del que tenemos. Hacer un PDUL nuevo, que en efecto hay elementos por ello, no tenemos el tiempo. Sería inclusive contraproducente.
Destacó que el vacío en la materia, representará la paralización en la entrega de permisos para construcción (reparaciones y nuevas obras) y de conformidades de uso para la patente de industria y comercio, ya que sin plan se imposibilitará la adecuación de variables urbanas fundamentales, que otorga la Dirección de Panificación Urbana (DPCU).
Tal situación fue calificada como “un limbo”, por parte del arquitecto Carolina Mogollón, representante de la Cámara de Construcción de Lara, quien también explicó que incluso las construcciones oficiales en la ciudad, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, formarían parte de esta ilegalidad, por falta de los permisos correspondientes.
“En ese momento no habría manera, ni siquiera, de impedir, una construcción en medio de la Plaza Bolívar. Lo peligroso de este vacío jurídico, sería que se prestaría a múltiples interpretaciones, que en muchos casos podrían basarse en conveniencias”, agregó Marín.
Por su parte, José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, destacó que la carencia de permisos, igualmente afectará el otorgamiento de financiamiento, factor que en sí mismo ha presentado múltiples trabas. “Es una muy mala manera de terminar un año ya complicado”, dijo.
Se sumó al comentario de que la única alternativa para la ciudad es ajustar la coletilla de vencimiento próximo que presenta la ordenanza y dar un plazo suficiente, a objeto de presentar un nuevo plan que atienda las necesidades de la urbe para los próximos 20 años.
Alejo indicó que esta condición afectará incluso a quienes deseen hacer una modificación a sus viviendas, ya que también se requiere, según ley, de un permiso de construcción.
Otros municipios sin PDUL
Al consultarles cómo abordan este respecto aquellos municipios sin PDUL, explicaron que en estos casos se cuentan con ordenanzas que rigen la materia, las cuales no gozan de la especificidad de un plan como el que estará vigente en Barquisimeto hasta el 31 de diciembre. El mismo mide porcentajes de ubicación, densidad, construcción y otros, con el fin de ofrecer múltiples garantías y control.
En este sentido, subrayan que el vencimiento de la ordenanza del PDUL sería un retroceso de más de dos décadas para la ciudad.
Alejos, por su parte, destacó que otros municipio laboran en la materia con base en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, que refiere la intervención de los concejos en esta materia. Sin embargo, el organismo en Barquisimeto, no estaría articulado para tramitar los permisos, ya que por costumbre ha sido tarea de la DPCU.
Ante la posibilidad de que el Concejo Municipal no llame a sesión para tratar el tema, durante los días que restan de 2016, Luis Marín subrayó que la Cámara Municipal no ha cerrado sesiones por el año, por lo cual reiteran su exhorto a los ediles, sin distingo de color político.
Los riesgos y las decisiones
Sobre los riesgos que se corren de al quedar sin PDUL, Marín subrayó que Barquisimeto forma parte de ese 3 % del total de municipios en el país que cuenta con el referido instrumento. “Sabemos que los planes son modificados con el tiempo, pero no entendemos por qué este tiene fecha de expiración… Así como las leyes, las ordenanzas son cambiadas por otras ordenanza, en la medida que pierden vigencia”, comentó.
Igualmente, acotó que la puesta en práctica de un nuevo PDUL requiere la intervención de un equipo multidisciplinario y de estudios costosos, además de tardíos, razón por la cual la prórroga a su vigencia es la única alternativa posible.
Marín recordó que el PDUL actual es una ordenanza que data de hace más de diez años y que en su momento se ajustaba a las realidades y demandas urbanas de la ciudad, que en la actualidad registra importantes crecimiento hacia las zonas norte y oeste, por lo que el espíritu de dicho articulado sería su revisión, mas no la expiración del mismo.
¿Privaría la política?
Sobre si el tinte político y las diferencias de pensamiento entre Alcaldía de Iribarren y Cámara del municipio, habrían afectado la toma de una decisión oportuna en la materia, Marín expresó que Iribarren también es reflejo de la polarización del país, por lo que cada quien ejerce sus acciones en función de intereses políticos. Sin embargo, el llamado de los sectores a ceder sobre estos y en beneficio de una ciudad organizada.
Se afecta a todos por igual
El más perjudicado será el ciudadano, ya que un vacío de este tipo no sólo afectará remodelaciones de vivienda, sino la aspiración de adquirir una nueva, debido a que sin permisos de construcción ni financiamiento, no habrá nuevos desarrollos habitacionales en el municipio.
El abogado Julio Pérez Graterol, explicó que no se trata sólo de una afección al sector construcción, sino que se presentará un grave problema jurídico al solicitar permisos o autorización para diversas actividades, en función de si estas se adecuan o no al PDUL. Al no haber instrumento, no existirán posibilidades de verificación.
Detalló también que si los comercios establecidos desean iniciar nuevas actividades igualmente se encontrarán con un vacío jurídico. Es de destacar que también se deja sin fundamento o piso a quienes ya realizaban una actividad con base en el mismo.
-Necesitamos un mínimo de consenso y que se prorrogue este, mientras realizan una nueva revisión de las opiniones ya emitidas, que justifican los ajustes que hay que hacer al PDUL.
Pérez Graterol considera que la extensión debe ser de al menos 18 meses, mientras se consideran las opiniones técnicas y ciudadanas.
-No nos merecemos la inseguridad ni conflictividad jurídica que devendrá del vencimiento del PDUL, porque esa poca claridad en las reglas del juego será caldo de cultivo para la conflictividad… Habrá quienes quieran cambiar o incorporar usos en las zonas y la autoridad jurídica no tendrá cómo detenerlo.
Señaló que si bien ya existe un plan que ha permitido enrumbar la ciudad, es preciso continuar con reglas claras, así estas deban ser sometidas a ajustes.
