La Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) registró a través de su Observatorio de Conflictividad Social la diversidad de protestas ocurridas en el estado Lara en múltiples ámbitos. Es de mencionar que la ONG implementó este mecanismo a principios de año con el propósito de reflejar estadísticamente la crisis que padece la entidad, sus causas y consecuencias.
Si bien el reconocimiento de estas cifras se contabiliza a partir del primer trimestre de este año, Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz, señala que en comparación a 2015 se produjo un aumento de la conflictividad social en 45 %. Las tres “D” de Funpaz son documentar, denunciar y difundir.
En ese sentido Colmenárez expuso que el Observatorio Larense de Conflictividad Social logra un registro más minucioso y específico de las protestas y las denuncias que se suscitan en la región.
Se destaca que la matriz del observatorio fue desarrollada por dos profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la cual se vacía toda la información que se recopila a través de las informaciones que publican los cinco medios impresos más importantes de Lara, así como las cuentas de internet que manejan Radio Fe y Alegría y Noticias 251.
-Buscamos contrastar la opacidad, el silencio y la falta de cifras oficiales que deberían ofrecer los entes municipales, el Ejecutivo regional y el Ejecutivo nacional. La Policía de Iribarren, Policía de Lara, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, deberían ofrecer un balance trimestral a la población sobre los múltiples delitos y acontecimientos. Al ciudadano le interesa saber qué está pasando.
¿Por qué sólo en Lara?
Porque Lara es el ámbito de competencia de Funpaz, sostiene el activista. A la ONG le interesa y le importa todo lo que ocurre a escala nacional pero el empoderamiento del ciudadano debe estar suscrito a su entorno inmediato.
Explica que el empoderamiento se traduce en propuestas que propician el cambio y alcanzar algunos objetivos. Funpaz no solo registra, monitorea, documenta y difunde, la tarea implica proponer una agenda a las autoridades locales, más allá de esa cultura que gira en torno al Ejecutivo nacional. Las fallas, problemas, denuncias, problemas y protestas son responsabilidad de los concejales de la Cámara Municipal, los diputados al Consejo Legislativo, alcaldes, gobernador, prefecto, procurador, contralor, etc. Todos estos funcionarios son empleados del ciudadano y deben rendir cuentas a la sociedad y actualmente no se produce una rendición efectiva de la conflictividad social por parte de estos representantes.
Por ejemplo, el problema del gas lo tienen que resolver las autoridades regionales, así como el problema del servicio de agua. El objetivo es darles las herramientas a los ciudadanos para que protesten pacíficamente sus carencias.
¿Qué registran?
Además de las protestas y las denuncias, el Observatorio Larense de Conflictividad Social evalúa la situación en las cárceles.
-Vemos con profunda preocupación lo que está pasando en los calabozos de la Policía Municipal de Iribarren, donde se ha producido el deceso de algunos privados de libertad por la falta de alimentos. Conocimos que las autoridades alegaron no ser responsables de los detenidos del municipio pero allí hay una clara violación del derecho a la vida. Por otra parte, la ONG lleva los datos de manifestaciones en la categoría salud, siendo los empleados públicos del Ejecutivo nacional y regional los que más protestan. Las protestas de empleados públicos se han acentuado, se coloca en la tercera causa de protesta de la gente. Asimismo, se asienta la información generada por los ciudadanos que reclaman medicamentos, medicinas e insumos médicos.
Sin duda que el problema de alimentación es otro de los indicadores del observatorio, así como el acceso a los servicios públicos. Inseguridad, justicia, educación, agua, ecología, transporte, electricidad, vivienda, gas, aseo urbano, libertad de expresión, protestas de carácter político, protestas de la comunidad LGBTI y otros indicadores mide la ONG.
¿El total?
Solo en Lara se han producido 1.700 protestas, entre enero y noviembre de 2016, casi cinco protestas diarias. Al comprar este dato con lo recogido por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social de Caracas se totaliza que Lara fue el tercer estado que más protestó a escala nacional en 2016.
Los temas de mayor conflictividad fueron alimentación, laboral público y servicios básicos, con mayor repunte las manifestaciones por gas y agua. Plantea el vicepresidente de Funpaz que el incremento de la conflictividad se debe al modelo político y económico que caracteriza al Gobierno.
En ascenso
Aunque Funpaz no ha cerrado el balance de 2016 y tiene previsto presentarlo los primeros días de enero ya adelanta que el mes de diciembre deja ver lo volátil y conflictivo que está el país.
-Esta misma sensibilidad nos lleva a informar de manera responsable y no a entregar datos como noticias de última hora. Las ONG tienen que ser serias al hablar de cifras. Lo que adelantamos es que en diciembre se disparó la conflictividad social debido a las protestas de carácter financiero que tienen su origen en la salida de circulación del billete de Bs.100.
Otro registro delicado que analiza la institución está relacionado con las muertes violentas en la entidad.
Criminalización de la protesta
La criminalización de la protesta fue el mensaje claro del Ejecutivo nacional en 2016, aduce el consultado.
Aunque la protesta es un derecho constitucional el Gobierno se ha empeñado en proscribir ese principio constitucional. El libre ejercicio del derecho a la protestas por parte de los ciudadanos que reclaman sus carencias es sistemática y permanentemente amenazado por el alto mando militar.
Recuerda Colmenárez que entre mayo y junio de 2016 se aplicó el operativo Barre Barre por parte del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), general Conrado Zamora Santeliz de la mano de la defensora del Pueblo, Elba Iris Rodil y el Fiscal del MP William Guerrero, quien en rueda declaró la detención de 6.300 personas por pernoctar a las afueras de los establecimientos de alimentos. Esto ocurrió en Zulia, Lara y Miranda.
-Guerrero propiamente dio esa cifra. Nosotros creemos que el 100 % de esas detenciones fueron arbitrarias, al margen de la ley porque al detenido no se le permitió la comunicación inmediata con algún abogado o familiar. La Defensoría y la Fiscalía se pasaron por alto las leyes y avalaron detenciones arbitrarias.
Asimismo, recordó que hace dos semanas en rueda de prensa el general de División, José Torrealba, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Lara, acompañado por la defensora y el fiscal, anunció que en una primera instancia, las personas que protesten por gas, serán detenidas por un lapso de 48 horas, y si reincide en las manifestaciones, irán a prisión por un lapso de 4 a 8 años. El argumento fue que protestar con una bombona es terrorismo.
Por otra parte, se destaca que Funpaz, junto a otras 54 ONG, respaldó un documento redactado por Provea, tras las suspensión del referendo revocatorio, vulnerándose el derecho al voto.
OLP
Funpaz, junto a la cátedra de Derechos Humanos de la UCLA a cargo del profesor Nelson Fréitez y Transparencia Venezuela, liderada por la profesora Yonaide Sánchez, analizaron que este año se aplicó la Operación Liberación del Pueblo en los mismos sectores que en 2015, uno de ellos, La Sábila y Alí Primera, al norte de la ciudad.
Las denuncias de los ciudadanos estuvieron enmarcadas en los mismos indicadores de 2015: persecución, criminalización y detención arbitraria. Ninguno de los 17 planes de seguridad ni la OLP ha logrado controlar o reducir la ola de crímenes.
LA OLP constató su fracaso con la masacre en Barlovento, que obligó al Ministerio Público a admitir pruebas y a enjuiciar a los militares responsables, añadió Colmenárez.
Perspectivas 2017
Las perspectivas son de mayor conflictividad, asegura. Lamentablemente las políticas económicas de Maduro no han variado, por el contrario, se han reforzado. Algunas señales dejan ver que 2017 no será distinto a 2016.
Está el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que responsabiliza a Maduro de la situación de penuria que atraviesa el país. Asimismo, está el comunicado publicado por la Embajada de EEUU, que aclara que no se hace responsable por ningún ciudadano norteamericano que decida quedarse a vivir en Venezuela.
Subrayó que el Estado tuvo reveses muy contundentes en 2016. Se rebajó a categoría B el estatus de la Defensoría del Pueblo. El estudio se lo aplicaron otros organismos similares a nivel mundial. Es decir, la Defensoría del Pueblo perdió voz y voto en instancias internacionales en materia de DDHH.
En el examen periódico universal el Estado sufrió otro revés porque 80 % de los estados que participaron en esa evaluación le dieron recomendaciones precisas al Ejecutivo nacional y le ratificaron su violación a los DDHH.
-No obstante, el Ejecutivo nacional en lugar de rectificar, adoptó una actitud prepotente en la figura de la canciller Delcy Rodríguez, quien encarnó un show en Argentina tras las sanciones del Mercosur. En 2017 la situación política y manejo de la crisis no va a cambiar porque mientras Maduro esté en el poder no se producirá un giro positivo. El llamado de Funpaz hacia la ciudadanía es a organizarse y empoderarse, a no bajar la voz de protesta porque a pesar de que creamos que todo está perdido no es así. Todo régimen dictatorial, en sus últimos días, tienden a reforzar las acciones represivas. Nos estamos jugando la democracia y el futuro del país por lo cual la protesta que es legítima debe continuar pacífica y contundentemente.
Muertes violentas
Enero ………………………… 67
Febrero………………………… 69
Marzo ………………………… 81
Abril………………………….. 102
Mayo………………………….. 73
Junio………………………….. 72
Julio…………………………… 78
Agosto…………………………78
Septiembre …………………. 56
Octubre ……………………… 94
Noviembre ……………………92
Fuente: Funpaz
