El sector construcción, referencia para medir la productividad de una economía, al menos en Lara registra una fuerte paralización. Múltiples controles y la monopolización de materiales como cemento y acería, serían dos de los principales males que aquejan a este sector. Al menos 42.000 trabajadores de la construcción en Lara se encontrarían desempleados, mermas productivas que se trasladan a igual número de hogares venezolanos. El 2016 hubo un fuerte desbalance entre lo que se quiso hacer y lo que se pudo hacer en el sector.
Construcciones paralizadas, terrenos invadidos o desolados y obreros sentados fuera de unas pocas construcciones, esperando a ser escogidos para trabajar y devengar un día de pago, son sólo parte de la crisis del sector construcción que, durante el 2016, y al igual en los años anteriores, registró considerables caídas productivas en los cuatro trimestres del año. Así lo explicó Frank Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción de Lara, afiliada a la Cámara Venezolana de Contrucción y esta a su vez a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).
Detalló que según cifras particulares del año, ya que no hay acceso a las oficiales, sólo en Lara el desempleo en el sector construcción sería de aproximadamente 42 mil personas, las cuales se encuentran en total inactividad, a la espera de una propuesta de trabajo. Si se estima que estos venezolanos sean responsables de una familia de cinco miembros, serían 210 mil los ciudadanos afectados, con problemas de calidad de vida, alimentación, salud y educación, motivado a la falta de inversión en el sector construcción. La cámara en la actualidad afilia a 130 empresas o agrupaciones del ramo constructor, pero sólo 56 se encuentran activas. El resto estaría paralizada o cerrada parcial o totalmente, motivado a las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad.
Mendoza subrayó que esta situación es reconocida por patronos y obrero, pero no así por el Gobierno Nacional, que sigue sin brindar un ambiente adecuado para el desarrollo de nuevos proyectos de construcción.
Sin estímulo ni inversión
Las inversiones en el sector construcción larense estarían paralizadas en un 95%, según datos suministrados por el presidente de la cámara regional.
Durante el año se habrían otorgado en Lara sólo tres financiamientos, a través de la Gaveta Hipotecaria de la Construcción (masa de dinero para solicitar financiamiento a tasa preferencial), avalada por gobierno y banca privada, lo cual refleja también la falta de inversión.
Mendoza explicó que el sector no hizo uso, como de costumbre, de esta disposición, ya que sólo podrían acudir quienes estén dedicados a la construcción habitacional, rubro también controlado en precios por el Gobierno, ya que con base en los cálculos aportados por el 0-800 MiHogar, una vivienda debe costar no más de Bs. 1.800.000, monto que no garantiza rentabilidad al constructor.
-El valor que ellos proponen podría justificarse en el sector público porque no compran terrenos sino que los expropian o decretan Avivir, no cancelan gastos administrativos ni intereses por financiamiento, tampoco garantías de servicio. Adquieren concreto y acero a precio preferencial… Tampoco pagan registro de viviendas para la venta, porque la adjudican …Todo lo que sí tenemos que hacer los privados y que representa costos.
Fracaso de la GMVV en Lara
Para Mendoza el mayor ejemplos de “fracaso” de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en la entidad, son las Torres del Sisal, que ya tienen dos años de paralización en sus obras.
Detalló que si bien se ofertaron más de 60 mil entregas de viviendas para el año, la promesa no se cumplirá.
-Al gobierno no le resultan sus proyecto porque se ha encargado de hacer obras con bielorrusos, portugueses e iraníes, pero no con el sector en Venezuela.
Destacó que la única obra visible de la misión en el estado está ubicada en la carrera 18 con calle 26. No obstante, los edificios carecen de garantía de servicios.
Otras terrenos decretados Áreas Vitales de Vivienda y de Residencias (Avivir), como el ubicado en la avenida Los Leones, al lado del Centro Comercial Paris, no muestran actividad alguna, mientras que en predios de Cabudare, lo único que se observa son movimientos de tierra y bote de material, que sólo generan el 10% de los empleos que demanda una obra de envergadura.
Alternativas para el sector
Calificó como “anacrónicas y punitivas” las políticas impuestos al sector en materia habitacional, por lo cual el privado no invierte, aunque cuente con proyectos para desarrollar. No obstante, reconoció que han habido importantes construcciones en el sector turismo, por ofrecer mejores condiciones.
Vale destacar que las constructoras aún activas, debido a lo limitado del contexto, han diversificado sus servicios, por lo que actualmente y con el propósito de mantener una pequeña nómina en las empresas, se han dedicado a actividades de mantenimiento de hoteles, centros comerciales y condominios, así como la construcción de aceras y otros, que les permitan mantenerse en funcionamiento y generar ingresos base.
Otros representantes del sector “intentan terminar las obras iniciadas entre 2014 y 2015”, manifestó Mendoza.
Monopolios y reuniones infructuosas
El presidente de la Cámara de Construcción en Lara, indicó que el monopolio del gobierno en la acería y el cemento, por demás inconstitucional, ha afectado considerablemente la construcción de los privados, ya que se trata de materiales imprescindible en la actividad.
-Se han creado una serie de mafias del cemento y la acería, que de no ser a través de ellas, no se obtiene suministro de dichos artículos. Nos encontramos en una lamentable disyuntiva.
Precisó que si bien el valor regulado del cemento es de Bs. 1.800, con las mafias como intermediarias se puede adquirir hasta en Bs. 8.000, es decir, más del 400 % por encima de su valor. Lo mismo ocurre con las cabillas y demás productos de la acería.
A esto sumó la complejidad de transporta, incluso en una cantidad pequeña, sacos de cemento. “Parece que lleváramos algún producto prohibido. Detienen a nuestros transportistas y los multan, te quitan el material y hasta se llevan el vehículo”.
La Cámara de Construcción en Lara ha intentado entablar relaciones con la empresa socialista cementera en Lara, a fin de que exista alguna garantía de despacho, a través de la misma institución, pero los planteamientos no han sido atendidos.
Mendoza indicó que todos estos inconvenientes son conocidos por el Ejecutivo Nacional, pero siguen sin ser resueltos.
Asimismo, destacó que también se han reunido en reiteradas ocasiones con el gobierno regional, pero los encuentros han sido infructuosos, a diferencia de acercamientos que han sostenido con autoridades del gobierno de Iribarren, con quien actualmente debaten sobre la simplificación de trámites y permisos para el sector.
Es de resaltar que la cámara larense, también hace vida activa en el Consejo Consultivo de Iribarren, para el debate y tratamiento de problemáticas y aspectos del municipio.
Destacó que en 2016 sostuvieron par de reuniones (marzo y abril) con el comandante Luis Reyes Reyes, presidente para la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara) y, aunque fueron muy bien atendidos, las propuestas no fueron recibidas de manera positiva.
Mendoza subrayó que la solución a toda esta problemática inicia por la existencia de confianza entre las partes y garantías de construcción para la actividad productiva.
Subrayó que el daño al sector construcción es nacional y generalizado. No obstante, el gremio intenta mantenerse activo, en medio de lo posible, a fin de sumarse a la reactivación económica del país.
El duro golpe salarial
Mendoza detalló que si bien el sector cancela sueldos y salarios con base en una contratación colectiva nacional, ha sido complejo mantener los esquemas planteados, debido a los cuatro incrementos salariales y de bono de alimentación, decretados por el Gobierno Nacional.
Rechazó que los venezolanos devenguen más por bonificación que por salario e indicó que si bien todo trabajador merece una mejora en sus remuneraciones, la caída productiva impide que las empresas cuenten con medios para asumir dichos incremento, lo que también ha afectado fuertemente al sector.
Si bien durante el 2016 la Cámara Bolivariana de la Construcción realizó planteamientos en beneficio del trabajador, estos fueron objeto de debate entre las partes, ya que el sector no puede asumirlos. Reiteró que no se oponen al beneficio o a mejores salarios, ya que reconocen que el país está dolarizado y los precios incrementan considerablemente, pero no cuentan con recursos para ello.
