El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) expresó mediante un comunicado público su posición de rechazo “frente a una nueva usurpación de funciones por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la designación de dos rectores principales del Consejo Nacional Electoral, y sus respectivos suplentes”.
Indican que la ratificación de las autoridades electorales por parte del poder Judicial, contraviene lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza que “el Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano”.
En este sentido, el CEP-UCAB recuerda que la Sala Constitucional designó, de la misma forma, en diciembre de 2014, a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón, así como a sus respectivos suplentes, como rectores postulados por la sociedad civil.
“Ahora, con esta decisión del 13 de diciembre de 2016, en la que la Sala Constitucional designa a Tania D´Amelio y Socorro Hernández, junto a sus respectivos suplentes, se incurre en una nueva usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que atenta contra la ya deteriorada integridad del sistema electoral venezolano”, sentencian.
Designación negativa
Por los motivos antes referidos, el centro de estudios condena de manera enérgica la forma arbitraria con que han obrado los miembros de la mencionada sala, dejando de lado la participación de la sociedad civil, las universidades y el Poder Ciudadano; actores constitucionalmente facultados para postular a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Igualmente lamentan que el Consejo Nacional Electoral acepte esta designación y convalide actos que violen los principios más elementales de un sistema democrático, así como lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Desde el Proyecto Integridad Electoral del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, abogamos por la restitución de la constitucionalidad conminando a la Asamblea Nacional a que proceda al nombramiento de todos los todos los rectores del Consejo Nacional Electoral siguiendo de manera estricta los procedimientos y principios establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral”.
Finalmente, insisten en que “son las elecciones con integridad el mecanismo para la resolución pacífica de los profundos conflictos que vive la sociedad venezolana”.
